Opinión. “Lo que nos dejó la semana“
La que pasó no fue una semana más para Tucumán, teniendo en cuenta que luego de dejar atrás un 2020 en lo que fue el peor año en materia institucional, este 2021 no sólo no arrancó mejor que el año marcado por la pandemia, sino que llegó peor que el que se fue y, parafraseando al kirchnerismo, va por todo en lo que hace a la toma por asalto de la democracia, la cual agoniza en nuestra provincia.
Y es que cabe recordar que a una República la integran tres poderes y si cualquiera de ellos no funciona, esta mesa de tres patas pierde el equilibrio. En ese sentido, suele decirse que la pata más importante de las tres es la Justicia, porque si este poder no cumple sus obligaciones, los otros dos se tambalean, se descarrían. Lo grave, es que, en este caso, quien estaría detrás de este ataque a la democracia es otro poder del Estado.
En ese sentido, el sistema republicano de gobierno tambalea, justamente, en tanto y en cuanto a la Justicia se le saque la venda de los ojos y se la reemplace por una pistola en la cien. Es lo que sucede por la grave intromisión del Poder Legislativo en la Justicia provincial. Si para muestra basta un botón, un ejemplo testigo de esto, es lo que ocurre en el marco de la causa en la que el juez Enrique Pedicone está a punto de ser destituido.
Y es que, cuando llegó a comprometer a uno de los vocales de la Corte Suprema de Tucumán, Daniel Leiva, al que denunció por supuestamente haber realizado tráfico de influencias en lo que hace a la acusación del legislador provincial, Ricardo Bussi, la Legislatura de Tucumán se tomó a título personal el objetivo de dejar en la calle a Pedicone, para que jamás vuelva a desempeñarse como juez.
Pero, ¿Esto a qué se debe?. Sencillamente, al hecho de que los jueces que integran el máximo tribunal de la provincia fueron funcionarios del Poder Ejecutivo con el ex gobernador, José Alperovich, y del actual mandatario provincial, Juan Manzur. En ese marco, decidió la Cámara Legislativa hacerle un favor a la Corte Suprema y hundir definitivamente a Enrique Pedicone para que nunca vuelva a levantar su mano contra el poder.
Pero como si esto fuera poco, ahora la Legislatura, estaría avalando un plan siniestro que tendría como autor intelectual al procesado por corrupción y elevado a juicio oral, Jorge Yapura Astorga, ex intendente de Tafí del Valle y actual legislador oficialista. Cabe recordar que tendrá que rendirle cuentas a la Justicia por una serie de delitos que habría llevado a cabo durante su gestión en el municipio tafinisto.
Cabe recordar que Yapura Astorga se encuentra actualmente procesado por Enriquecimiento Ilícito, Coautoría De Los Delitos De Incumplimiento De Los Deberes De Funcionario Público, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de las Funciones Públicas, Fraude en Perjuicio de la Administración Pública, Malversación de Caudales Públicos (Peculado) y Asociación Ilícita.
Es por ello que, luego de que fuera la propia Corte Suprema la que denegara los recursos presentados por Yapura Astorga para dilatar el juicio en su contra, dio el visto bueno para que tenga que ser enjuiciado de forma oral y pública, algo por lo cual el procesado legislador y ex intendente de Tafí del Valle se las tendría jurada a los integrantes del máximo tribunal local. En ese marco, estaría detrás de un plan destituyente.
Y es que Yapura Astorga sería quién está detrás de los juicios políticos contra la Dra. Claudia Sbdar y el Dr. Daniel Posse, titular de la Corte Suprema y vocal, respectivamente, en lo que sería una venganza en contra de los jueces del máximo tribunal, que definieron su enjuiciamiento. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿De qué forma lo haría? Para ello, Yapura Astorga contaría con el apoyo de caciques del Pueblo Diaguita.
En ese sentido, durante el transcurso de la semana que pasó, desde Tucumán Despierta, dimos cuenta de que, según fuentes cercanas a nuestro diario, habrían presentado pedidos de juicios políticos en contra de los magistrados, por parte de los caciques del Consejo del Pueblo Diaguita. Pero, ¿Cuáles serían las razones que esgrimen? Y es que les endilgan “falta de cumplimiento de los deberes de su cargo”.
Ahora bien, ¿A qué se refieren con ello? A las intervenciones en un fallo por tierras en Tafí del Valle, distante 100 kilómetros al oeste de la capital provincial. En esa línea, los demandantes de la comunidad aborigen, habrían acusado de “ignorancia inexcusable, actos de parcialidad manifiesta, reiteración de irregularidades en el procedimiento” a ambos funcionarios judiciales del máximo tribunal provincial.
Esto se enmarca en el juicio que Giselle Susana Courtade impulsa contra el Estado, por la “prescripción adquisitiva” de un inmueble en La Quebradita, Tafí del Valle. Plantean el juicio en base al argumento de que la Corte resolvió “hacer lugar a la demanda en clara violación a la norma adjetiva y de fondo y en especial a los derechos de raigambre constitucional de los pueblos originarios”.
Pero, como señalamos desde este medio, lo curioso es que la sentencia lleva las firmas Sbdar y de Posse, pero también de su par Antonio Estofán, a quien no se incluye en los pedidos de juicio político, el cual ya contaría con el aval de gran parte del Poder Legislativo, cuyos integrantes estarían dispuestos a llevar adelante un claro plan destituyente, para someter a la Justicia de la provincia.
Con todo esto, lo que está claro es el hecho de que estaría rompiéndose el sistema republicano de gobierno, dado que la Legislatura pretendería dar un golpe institucional sin precedentes en la provincia. Y es que así se puede considerar al hecho de destituir a la presidenta y un vocal de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Una iniciativa como esta no tiene lugar en democracia.
Y es que un accionar como el descripto no es constitucional, y ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo tienen competencias para llevar a cabo la destitución de jueces, cuando esto no puede llevarse a cabo basándose en el contenido de sus sentencias. Lo que se esconde detrás de esto es lisa y llanamente una venganza de parte de Jorge Yapura Astorga, quien contaría con la complicidad de la Cámara legislativa.
Con esto se consumaría nada menos que el avance del poder político contra la Justicia, que a nivel nacional está realizando el kirchnerismo, tal y como quedó de manifiesto en los últimos días. Pero que también lo lleva a cabo Tucumán de parte del Poder Legislativo. De esta forma, se altera el equilibrio de poderes y la Justicia termina siendo un apéndice del poder político, que se convertiría así en el único del Estado.
Por lo tanto, ya no estaríamos frente a una República, sino ante una especia de democracia blanda, mucho más cercana a una dictadura que a un Estado de Derecho. Lo peor de todo, es que esta intentona destituyente se da por parte de los acusados por corrupción, justamente, se trata de aquellos que hoy ocupan todavía un lugar en el poder y quieren someter a la Justicia para ser absueltos de sus delitos.
Por lo tanto, el Amado Boudou tucumano, es decir, Jorge Yapura Astorga, no estaría dispuesto a quedarse con los brazos cruzados e iría por las cabezas de los jueces. Todo se trataría de una maniobra espuria de parte del procesado ex intendente y de varios legisladores provinciales, con la única intención de intentar amedrentar la Justicia para que deje de investigar y de enjuiciar a acusados por hechos de corrupción.
Pero siempre es necesario hacer hincapié en el hecho de que Yapura Astorga sería apenas la cara visible de un complot que tiene al poder político detrás de esta maniobra. Para ello, recurre al Poder Legislativo, que debería representar los intereses del pueblo y no lo de la casta política. Sin embargo, en este caso habría elegido llevar a cabo este golpe institucional en favor de la corrupción.
