En enero de todos los años, el Estado oficializaba las nuevas escalas del monotributo y cuánto es lo que se debe pagar en cada una de ellas. En línea con la inflación del año pasado, el aumento en 2021 fue de 35,3 %, pero recién fue definido en junio. El Gobierno nacional en vez de hacerse cargo de este atraso, determinó que la actualización sea retroactiva, imponiéndole una deuda de entre $3.400 y $26.000.
Esta deuda es impuesta a todos los monotributistas dependiendo de su categoría y en los valores antes mencionados luego de que trascurren los días desde la noticia, por lo que el cálculo de lo que deberá pagar cada trabajador oscila en torno a los $3.400 y $26.000. La medida afecta sobre todo a los casi 1,7 millones, según los datos de marzo del Ministerio de Trabajo, que dependen sólo de su trabajo como monotributista para sobrevivir.
Debido al aumento del trabajo precario, la necesidad de salir a trabajar por cuenta propia y la caída del empleo privado, son cada vez más los que se encuentran en esta situación. En marzo de este año, los asalariados del sector privado disminuyeron 1,5 %, es decir, unas 92.700 personas en comparación con el mismo mes del 2020 y en ese periodo se registró una expansión del régimen de monotributo en 3,3%.
Esto equivale a un total de 52.600 personas. Lo que está claro es el hecho de que en Argentina hay una serie de normas que comenzaron en la dictadura, se profundizaron en el menemismo y que nadie tocó, más allá de algún artículo, que hacen que haya muchísimo trabajo tercerizado, precarizado. Entre esos el monotributo. Es el propio estado el que toma en esas condiciones, hay trabajadoras docentes monotributistas.
En ese marco, los monotributistas vienen siendo de los sectores más golpeados en los últimos años. Los trabajadores de la Junta Interna de ATE Indec realizaron un cálculo cuya conclusión fue que un trabajador precarizado por la vía del monotributo que en abril cobró $31.440 de bolsillo, ha perdido la suma de $369.194 en 40 meses, debido a la inflación. Esto significa que perdió más de diez sueldos.
Explican que esto se debe a que a la pérdida del poder adquisitivo general, se le debe sumar la no percepción de medios aguinaldos, presentismo y las exiguas sumas fijas que el gobierno otorga como paliativo. Como si esto fuera poco, este sector, además, es uno de los sectores más afectados por la crisis en curso, según los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
Y es que a fin del 2020, los cuentapropistas alcanzados por la pobreza llegaron a ser el 40,9% cuando a fin de 2019 era del 37,1. Pese a las restricciones y las medidas del Gobierno que limitó las posibilidades de trabajar de la mayoría de ellos, casi no recibieron ninguna ayuda del Estado en el 2020. Poniendo por delante el objetivo de cumplir con el ajuste en busca de la aprobación del FMI, el Gobierno no duda en atacar a los monotributistas para aumentar la recaudación.
Una medida mínima como suspender el cobro del impuesto a las categorías bajas no está ni en análisis, mucho menos otorgarles un IFE para poder enfrentar las urgencias de la crisis. La falta de empleos registrados es un problema estructural que requiere soluciones de fondo, opuestas a la orientación del Frente de Todos que en los hechos avanza en hacerle pagar la crisis a los trabajadores y sus familias.
