En la audiencia en la que se les dictó la prisión preventiva por 90 días a los tres policías acusados de cometer un asalto en Famaillá, se plantearon dos aristas mucho más fuertes. La primera, que se confirmó que esta es parte de una banda de uniformados que habría cometido varios hechos de estas características en los últimos tiempos. La segunda: el fuerte mensaje que dieron los operadores judiciales en contra de los miembros de la fuerza que cometen ilícitos.
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El domingo, pasado el mediodía, Gustavo Guillermo Fernández, efectivo del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional Capital, se presentó en la casa de Jorge Nacif para informarle que estaba por sufrir un asalto. Mientras el informante estaba en la vivienda, otras cuatro personas vestidas con uniformes ingresaron al domicilio y fueron tras los pasos del propietario amenazándolos con armas de fuego. La víctima, atemorizada, se subió al techo y empezó a gritar pidiendo ayuda. Los asaltantes, antes de escapar, revisaron los tres vehículos que estaban en el garaje y se retiraron después de haberse apoderado de $20.000.
La fiscala Mónica García de Targa dirigió la pesquisa que fue desarrollada por personal de la Brigada de Investigaciones Oeste, al mando del comisario Jorge Dib. Fernández fue aprehendido el miércoles por la tarde después de haber declarado en la fiscalía. Por la tarde, dirigidos por el auxiliar fiscal Bernardo Sassi, los policías se presentaron en un domicilio de Tafí Viejo, donde fue detenido Bruno Carmelo Ciolfo, compañero de destino del informante. Una hora después, en Cebil Redondo, arrestaron a Martín Darío Romano.
En las medidas se produjeron dos novedades. En la casa de uno de los efectivos se encontraron dos plantas de marihuana, una de ellas de más de dos metros de altura. También descubrieron que Ciolfo espera ser enjuiciado por encubrimiento de un homicidio agravado ocurrido en 2014 en el que un compañero quedó imputado por homicidio. Al no haber sentencia en su contra, tal como disponen las normas vigentes, el efectivo tuvo que ser reincorporado a sus funciones. Por último, también fueron allanadas la sede del cuerpo de Infantería y la seccional 13ª, donde prestaban servicios los imputados, pero no se secuestró nada de importancia.
La teoría
García de Targa y Sassi, durante la audiencia, explicaron cuál es la teoría del caso. Dijeron que Fernández, aprovechando que conocía a Nacif, ingresó a su casa con un solo objetivo: abrir la puerta para que sus cómplices ingresaran al lugar. Los investigadores señalaron además que además de los otros dos efectivos que fueron filmados por las cámaras de seguridad, habría más policías implicados. “Estamos tratando de identificar a los otros dos uniformados que ingresaron a la vivienda, pero creemos que hubo al menos otro esperándolo para escapar”, explicaron durante la audiencia.
La fiscala también dijo que antes de que se cometiera el hecho, la víctima relató que habían estado merodeando al menos tres autos por la vivienda y, el día del asalto, otros dos diferentes. “Esto nos lleva a pensar dos cosas: que estamos ante un grupo de por lo menos siete personas que realizaban tareas de inteligencia y contaban con los medios para cometer este tipo de ilícitos”, indicó.
“Estamos ante un hecho de suma gravedad, que requiere una planificación previa, existiendo un trabajo de inteligencia anterior. Nos encontramos ante una organización cuyos integrantes revisten la condición de miembros de la policía, en actividad al momento de cometer el hecho. Es muy peligroso en estas épocas de democracia que la fuerza, que debe velar por la seguridad de la ciudadanía, se dedique a cometer estos delitos”, señaló García de Targa.
Sassi añadió: “destaco la impunidad con la que actuaron estas personas. Salta a la luz al actuar con su uniforme policial, en plena luz del día, en un barrio poblado que estaba lleno de gente. Idearon un plan para que Fernández distraiga a la víctima y consiga abrir el portón, para que los otros entren por la fuerza bruta, actuando con armas y violencia”.
Planteo
Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que los acusados sean imputados por el delito de robo triplemente agravado por el uso de arma de fuego por ser en poblado y en banda por ser miembros de una fuerza de seguridad. A Fernández, como partícipe necesario y a Ciolfo y Romano, como coautores. Solicitaron que se les dicte la prisión preventiva por seis meses.
Los defensores Julieta Jorrat (Ciolfo), Benjamín Núñez Arévalo y Jorge Muñoz (Fernández) y Juan Carlos Pintos (Romano), en parte, se opusieron a la formulación de cargos en contra de sus defendidos y el plazo de prisión preventiva que se pidió.
Antes de que se escuchara el fallo, habló la víctima. “Las tres personas que están acusadas, seguro que fueron los que me asaltaron. Me siento amenazado porque antes que fuera el robo, Romano me amenazaba como lo hizo antes de que comenzara la audiencia. Tengo miedo”, señaló. El juez Mario Velázquez confirmó la imputación planteada por el MPF y aceptó que los acusados continúen con la prisión preventiva, pero por tres meses.
Las claves del caso
Por el caso, hay tres efectivos detenidos. Falta identificar a dos que ingresaron a la vivienda y por lo menos a un conductor del vehículo en el que huyeron.
Los investigadores creen que están ante una banda integrada por policías que habría protagonizado otros hechos similares.
El grupo utilizó al menos cinco vehículos. Con tres autos diferentes realizaron tareas de inteligencia y usaron otros dos para el asalto.
