LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof reunió hoy a la tropa de Unión por la Patria en un intento por coordinar la resistencia al decreto de necesidad de urgencia del presidente Javier Milei. Tras los anuncios de recortes de gastos, desregulaciones y derogación de leyes, el gobernador busca armar alianzas para defender los giros coparticipables de la Nación a las provincias y evitar mayores pérdidas de recursos.
El gobernador sentó a su mesa a Máximo Kirchner, Sergio Massa y unos 80 intendentes de Unión por la Patria. A ellos les anticipó, además, las primeras medidas de su gobierno, que incluyen un pedido para tomar deuda por 1.800 millones de dólares, una fuerte alza de impuestos y una prórroga del presupuesto 2023.
Kicillof busca que el gobierno nacional apruebe mecanismos de compensación, sin que recaiga en los trabajadores el reintegro del impuesto a las Ganancias. Busca soluciones alternativas de impuestos que ahora no se coparticipan. Por ejemplo, al impuesto al Cheque. El mandatario sostiene contactos informales con los diez gobernadores del espacio opositor y con al menos tres mandatarios aliados al oficialismo para intentar que el Congreso vote el proyecto de Rogelio Frigerio que propuso coparticipar lo recaudado por ese gravamen.
Nicolas Aboaf
Kicillof dialoga con los gobernadores de Chubut, Agustín Torres; Santa Cruz, Claudio Vidal y Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para consensuar una alternativa a las pérdidas por 1,6 billones de pesos que dejarán de percibir el conjunto de las provincias por el impuesto a las Ganancias. El proyecto de ley de Frigerio es la solución que por ahora avizora esa liga.
Kicillof cuestionó que desde el gobierno nacional se retiren recursos destinados a las provincias, pese a que ni Luis Caputo ni el ministro del Interior, Guillermo Francos, le detallaron aún quÉ giros dejarán de llegar a La Plata. El mandatario también dialoga con los diez gobernadores peronistas para buscar consensuar criterios ante el paquete de medidas económicas anunciado por el ministro de Economía de Milei la semana pasada.
“Queremos ver cómo afecta al interior de la Argentina”, remarcó. “Queremos ver cómo afecta a las provincias”, agregó. En tanto, el presidente del PJ bonaerense Máximo Kirchner expresó tras la reunión: “El decreto inconstitucional del presidente Milei anunciado el 20 de diciembre pretende desregular ya no la economía, sino la vida entera de nuestra gente y es apoyado por los grandes empresarios y el mercado”.
Nicolas Aboaf
“No se ajusta a la casta”
Hay mucho dinero en juego para Buenos Aires. ¿Qué recursos teme perder Kicillof? No se trata sólo de los $9.474 millones que recibió el año pasado de Aportes del Tesoro Nacional. Hay mucho más en juego. Por ejemplo, los $17.800 millones que recibió para obras. Otros $23.933 millones para asistencia alimentaria y lo que es más: $199.166 millones del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que está destinado a seguridad.
“Si se suspenden determinados programas, no es la casta a la que se ajusta”, marcó Kicillof. “Es fundamental la obra pública”, remarcó el gobernador, que este año recibió 17.800 millones del gobierno nacional para infraestructura. “Si se suspenden determinados trabajos o programas no se está atacando a la casta, sino que se afecta a los laburantes”, remarcó.
Kicillof pidió al gobierno nacional que no se dejen de transferir recursos para educación: el año pasado recibió unos $100.000 millones para asistencia en este concepto. El gobernador denunció que estarán en riesgo 150 escuelas que están en obras. Hace falta también luz, agua, cloacas, enumeró. Y advirtió: “Tenemos vocación de defender los intereses de 17 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires”.
Kicillof ya anunció que prorrogará el presupuesto de 2023, que es de 6.9 billones de pesos. Insistirá con la aprobación de una autorización para tomar deuda por 1.800 millones -equivalentes a dólares- y propondrá una nueva Ley Impositiva con hasta de hasta 300 por ciento. El el conjunto de medidas que adoptará no está previsto emitir cuasimonedas. Con el paquete de leyes enviado a la Legislatura, los sueldos de los 600.000 empleados estatales estarían garantizados.
