En medio de la tensión por el control del espacio público, la implementación del protocolo anti-piquetes y la decisión del Ejecutivo de cortar los beneficios para aquellos que corten las calles, la administración libertaria avanzará en el verano con una profunda auditoria de los planes sociales y analiza la descentralización del programa Potenciar Trabajo en diferentes áreas de gobierno.
Así lo confirmaron a Infobae fuentes del ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello: según confiaron, el gobierno prorrogaría desde el 1 de enero y por 90 días el traspaso de los planes de la órbita de Desarrollo Social a la secretaría de Trabajo. Había sido un decreto impulsado por el ex ministro Sergio Massa -el 565, de noviembre pasado- que nunca fue reglamentado.
Durante ese lapso, el asesor de Niñez y Familia de Capital Humano, Pablo de la Torre, aprovechará, según resaltaron, para implementar una auditoría en los más de 1,2 millones de planes a través de las bases de datos de la ANSES, en sintonía con la revisión que ya se había encarado en la anterior gestión y que, en parte, tuvo su correlato en la Justicia. La semana próxima, De la Torre tiene previsto reunirse con Alejandro Cosentino, secretario de Innovación de la Jefatura de Gabinete, para ultimar detalles de la auditoría.
Según trascendió, desde las oficinas del ex ministerio de Desarrollo Social se estudian diversas alternativas en el manejo del programa Potenciar Trabajo para descentralizar los planes, una idea opuesta a la administración anterior, que concentró la dirección de esos beneficios en el edificio de la avenida 9 de Julio, bajo la tutela de las organizaciones, en particular del Movimiento Evita y, en menor medida, de La Cámpora. Daniel Arroyo primero, Juan Zabaleta después y Victoria Tolosa Paz al final tuvieron que convivir en el ministerio con esas agrupaciones.
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Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano
Javier Milei, en ese sentido, está decidido a confrontar con ellas. “La novedad acá es que no hay un ministerio compartimentado”, subrayaron desde Capital Humano. Se jactan, por caso, de haber barrido con secretarías vinculadas a esas organizaciones, y de enfrentarse con los jefes de los movimientos sociales desde ese ministerio y desde Seguridad con la aplicación del protocolo anti-piquetes.
“Se analiza pasar los planes a diversas áreas como Educación, para el caso de los jóvenes que cobran ese beneficio -lo recibe el 30% de la franja entre 18 y 29 años-, o Trabajo”, explicaron fuentes oficiales. En el Área Metropolitana, donde se concentran la mayor cantidad de beneficios, el 80% de los planes son manejados por los movimientos sociales. En el interior, la administración está más repartida entre gobernadores e intendentes que, según las fuentes, no ven con malos ojos hacerse cargo de la totalidad de los programas.
El plan bajo estudio de Capital Humano -según Milei, el único ministerio del gabinete con “billetera abierta”- se da en el inicio de una sórdida disputa con las organizaciones, y en el debut del protocolo anti-piquetes que hizo debutar la ministra Patricia Bullrich en la movilización del pasado miércoles, a 22 años del estallido del 19 y 20 de diciembre. La puja tiene lugar, además, en medio de las medidas de ajuste lanzadas por el presidente y el ministro Luis Caputo que la propia Casa Rosada reconoce que tendrán serias consecuencias en las clases medias y bajas.
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Patricia Bullrich durante la presentación del protocolo para asegurar la libre circulación frente a piquetes o bloqueos. Foto: Eliana OBREGON
Hay un dato, en ese contexto, a tener en cuenta: fuentes oficiales reconocieron que, más allá de los 1,2 millones de beneficiarios del Potenciar Trabajo y del resto de las prestaciones sociales como la tarjeta Alimentar, hay al menos otro millón de personas que están fuera del sistema y que también deberían tener acceso a esos beneficios. El impacto de las medidas del gobierno en ese universo puede ser letal.
El viernes, en la asesoría de Niñez y Familia recibieron un listado con los nombres de los referentes y las agrupaciones denunciadas en torno a la marcha del miércoles por supuestos beneficiarios de planes a la línea 134 habilitada por el gobierno, en paralelo al comunicado oficial del Ministerio de Seguridad que confirmó, sin demasiados detalles, que el operativo del 20 de diciembre tuvo un costo de $60 millones, y que deberá ser solventado por las organizaciones que, según Bullrich, participaron de la movilización a Plaza de Mayo.
El sostenimiento de ese protocolo, si la conflictividad social, como pareciera, se intensifica, presenta un desafío con resultado incierto para la ministra.
La decisión de Bullrich enfureció a las organizaciones, que manifestaron su disgusto, en público y en privado, al gobierno. El viernes, Eduardo Belliboni, del Polo Obrero -uno de los principales convocantes a la movilización del miércoles-, y referentes del frente de lucha piquetero se reunieron con el enviado de De la Torre -hermano de Joaquín, el ex intendente de San Miguel y ex ministro bonaerense- que está a cargo, en buena medida, del nexo con las agrupaciones.
Se trata de Héctor Calvente, ex ministro de Gobierno de San Miguel y asesor sin cartera -está repleto de casos similares en todas las áreas de gobierno- de De la Torre, que recibió a los dirigentes junto a otro colaborador, apodado “El Turco”. “Pusimos todos los reclamos arriba de la mesa: que el Potenciar está congelado, que los comedores están vacíos, que no traen comida y que no hay productos navideños, algo que no ocurrió nunca, y que tampoco está el aguinaldo que se pagó siempre a fin de año”, puntualizó a este medio uno de los referentes piqueteros que participó del encuentro. Según adelantaron, tienen previsto movilizarse la semana próxima junto a la CGT.
Los jefes de los movimientos sociales están inquietos por la gestión de los planes, por las eventuales bajas, por la auditoría, el protocolo anti-piquetes y el envío de alimentos a los comedores barriales que administran las agrupaciones, una de las principales demandas en esta época del año, agudizada por la severa crisis económica. El Gobierno quiere saber cuántas personas acuden a esos comedores. Una batería de frentes abiertos en sintonía con las directivas de Milei, que está dispuesto a ir a fondo, por momentos, sin medir las consecuencias.
