El Gobierno interpuso este martes un pedido de revocatoria de la cautelar que dictó la semana pasada la Corte anulando parcialmente la quita de fondos de la coparticipación federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En un escrito firmado por el Procurador General del Tesoro y hombre de Cristina Kirchner, Carlos Zannini, también se solicitó se otorgue efecto suspensivo a este recurso, se lo sustancie y, oportunamente, se deje sin efecto la medida cautelar dictada.
En un segundo escrito, presentado por el subprocurador general de la Nación, Horacio Diez, se informó que ese organismo “asumirá la representación del Estado Nacional a los efectos de efectuar la presentación de los escritos de recusación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de revocatoria in extremis contra la medida cautelar dictada el 21 de diciembre de 2022 en los autos caratulados “GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES C/ ESTADO NACIONAL S/ ACCIÓN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD – COBRO DE PESOS”.
En un tercer escrito, Zannini pidió la excusación a los cuatro miembros de la Corte, aunque sabe que las recusaciones o excusaciones se presentan antes el arranque un juicio.
Las excusaciones son contra Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Como la Corte es la última instancia de la Justicia, constitucionalistas anticiparon que estos pedidos que el presidente Alberto Fernández anunció una parte el viernes y otra ayer, serán rechazados y solo buscan ganar tiempo.
“La sentencia pretendidamente cautelar dictada el 21/12/22 anticipa definiciones sobre el fondo del debate planteado en autos, esgrime Zannini como causal de recusación.
La Corte que no tiene previsto más acuerdos ordinarios este año y no se reunirá por estos pedidos, informaron a Clarín fuentes judiciales. Entonces, estos pedidos sin antecedentes del Gobierno quedarán para febrero cuando se retomen las actividades normales, tras la feria judicial de enero.
La procuración del Tesoro hizo estas presentaciones mientras el presidente Alberto Fernández giró de su posición original de desobedecer el fallo a decir que va a pagar pero en bonos, no en efectivo como dice la cautelar de la Corte.
Por su parte, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, después de acudir a la Corte Suprema para sostener que el Ejecutivo nacional “sigue sin cumplir” el fallo, dio instrucciones al Procurador General porteño, Gabriel Astarloa.
Así éste denunció este martes penalmente al presidente Alberto Fernández por el delito de desobediencia. El planteo incluye también a funcionarios del gabinete nacional. La denuncia de Astarloa se suma a otras cuatros que se acumularon en el juzgado de Daniel Rafecas y presentaron Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Graciela Ocaña y el ex diputado Jorge Enriquez, entre otros.
Como el pedido de revocatoria es “in extremis”, Zannini desarrolló inéditos argumentos contra la idea fundamental de la Constitución de que la Corte es la última instancia del sistema judicial.
“Más allá de la doctrina construida pretorianamente en torno de la figura de la revocatoria o reposición in extremis, y de que en el caso confluyen – como se verá seguidamente- razones que avalan de modo muy nítido la viabilidad de esa figura, cabe destacar que la 7 Ley N° 26.854 de Medidas Cautelares aplicable a los procesos en los que es parte el Estado Nacional”, agregó.
Afirmó que esa ley “prevé lo siguiente en su artículo 13: “3. La providencia que suspenda los efectos de un acto estatal será recurrible por vía de reposición; también será admisible la apelación, subsidiaria o directa”. Hasta ahora solo se usó en casos graves como errores gramaticales que cambiaban el sentido a un fallo.
Asimismo, el fallo “ha incurrido en una evidente arbitrariedad por falta de fundamentación o motivación suficiente”, agregó la espada judicial de Cristina Kirchner.
“Ello así en tanto, como se dijo, ya anticipó que por la transferencia de servicios a la CABA le corresponde un porcentual de la coparticipación; y ni siquiera ha tratado mínimamente en este marco preliminar, la defensa central del Estado Nacional que desacredita la supuesta verosimilitud del derecho invocado por la CABA”, destacó el jefe de los abogados del Estado.
En cuanto a cómo financiar la transferencia de los servicios de la Policía Federal a la CABA, Zannini sostuvo que “Lo que la Constitución impone en casos de trasferencia de servicios es la remisión de los recursos necesarios para la atención del gasto; y no la modificación de los coeficientes de coparticipación, como prejuzgó la CSJN”.
Por su parte el pedido de excusación, se basa fundamentalmente en que a criterio del Gobierno en la cautelar del jueves pasado “adelantaron opinión” sobre la cuestión de fondo: si es constitucional el decreto del presidente Alberto Fernández y la ley que votó la mayoría K del Congreso para sacarles puntos de coparticipación a la CABA.
En particular, Zannini afirmó que Rosenkrantz debería excusarse porque “intervino como profesional del derecho (letrado patrocinante), al servicio de la parte actora en ese caso, en la Causa N° S. 539. XLV (2009). ORIGINARIO, caratulada “Santa Fe, Provincia de c/Estado Nacional s/acción declarativa de inconstitucionalidad”.
