En un contexto de rechazo general, y recién inaugurado el año, el Presidente de la República y once gobernadores oficialistas decidieron llevar adelante el pedido de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema. La iniciativa de Alberto Fernández intentó conseguir el respaldo de la mayoría de los jefes provinciales.
Pero frente a la endeblez argumental y los alcances políticos de la medida, muchos gobernadores decidieron tomar distancia. Queda más que claro que el tan anunciado “juicio político” no tiene sustento alguno en las causales establecidas en el Art. 53 de nuestra Carta fundamental.
Seguramente van a intentar exponer y buscar deslegitimar a los miembros de la Corte Suprema mediante este procedimiento ya que cuentan con mayoría en la comisión. Pero estamos convencidos de que será un proceso teñido de parcialidad, ensombrecido por el fanatismo e intereses partidarios.
Ajenos a la búsqueda de la verdad, y como tal las consecuencias de éste verdadero desatino será el daño a las instituciones básicas de la república. El jurista Joseph Story decía sobre el juicio político y las cualidades que debe reunir en cabeza del juzgador, que es fundamental la “imparcialidad, la integridad, el saber y la independencia”.
Por cuanto “si una de estas cualidades llegare a faltar, el juicio será radicalmente malo”. Conociendo los argumentos y los protagonistas de éste ataque a la justicia está claro que este proceso tiene como único objetivo domesticar y amedrentar a nuestro Máximo Tribunal, pero solo provocará una degradación del sistema institucional, poniendo en jaque así al sistema republicano y la división de poderes.
