Acaso por haberse originado en una revolución militar y, por lo tanto, entre hombres actuantes en contextos de férrea disciplina, necesitados de contar con la máxima información posible sobre los movimientos de potenciales enemigos, el peronismo siempre ha sentido tentación por la información confidencial, reservada o secreta, en franco desprecio por la intimidad de las personas.
Llamemos a esto por el nombre específico: espionaje interno. Respecto del peronismo, sobresale la dimensión del aparato de inteligencia interna armado durante sus gobiernos tras la revolución de 1943 y el estado de delación permanente que se estableció en esa época en la administración pública, en la Justicia y hasta en la vida íntima de los hogares. Tiempos en que se hizo costumbre hablar en voz baja a fin de evitar represalias por comentarios críticos al gobierno.
La intervención en las comunicaciones telefónicas privadas, y en su tiempo en el Correo, no cesó tras el derrocamiento de Perón en 1955: fue una práctica acogida por los más diversos gobiernos. No debe extrañar que en los períodos que ha tocado gobernar a Néstor y Cristina Kirchner y al hijo político, Alberto Fernández, aquella vocación por saber lo que hablan los adversarios haya llegado a un punto de paroxismo por la psicología y comportamiento de las personalidades involucradas.
Quienes se habían manejado con bolsas de dinero mal habido en la gestión de los negocios públicos debían necesariamente desconfiar de todo, hasta de ellos mismos, según se ha demostrado con el transcurso de los años. Constituye ya un clásico de la comidilla política vernácula la voracidad de Néstor Kirchner por conocer los partes de inteligencia que confeccionaban sus funcionarios de confianza en los servicios homónimos.
Su esposa ha sido también proclive a tal tipo de enfermizas debilidades, según se comprobó en un allanamiento en que se encontraron piezas probatorias de esa tendencia a husmear en la vida de otros ciudadanos a fin de perseguirlos en el momento oportuno. Por eso nadie debe extrañarse de que, en las diligencias investigativas realizadas en Misiones por el hackeo contra el exsecretario de Seguridad y Justicia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, se haya comprobado que los delitos sufridos se habían cometido a partir de una clave perteneciente a la Jefatura de Gabinete.
Para decirlo más sencillamente: perteneciente a la Casa Rosada. Ahora, las investigaciones del caso deberán descifrar si esa clave fue suministrada alevosamente por alguna autoridad de la Casa Rosada a los autores materiales del hackeo, ya debidamente identificados, o si aquella fue obtenida vaya a saberse por qué otros espurios medios. Lo cierto es que en esto caben las figuras penales de daño agravado, violación de secretos y de privacidad, difusión no autorizada de imágenes y grabaciones, entre otras.
El presidente Alberto Fernández ha sido señalado en más de una ocasión como responsable del affaire que inventó el kirchnerismo en la recta final de las elecciones del año 2005 a fin de perjudicar al extinto Enrique Olivera, caballero de la política de acuerdo con la opinión general, y entonces candidato a diputado. Se le atribuyó falsamente una cuenta bancaria no declarada en Suiza.
De modo que el interés por el esclarecimiento de lo ocurrido, en un hecho que también afecta a fiscales, magistrados e incluso a otros políticos, podría orientarse hacia la Casa Rosada y, más aún, sabiéndose en qué lugar se obtuvo la clave para hackear el celular de D’Alessandro. Uno de los cinco sospechosos de haber cometido el hackeo, Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, de 22 años, ha confesado que lo contrataron para realizar esa intrusión y que le pagaron con criptomonedas.
La última noticia conocida tras esa confesión fue que una empresa de seguridad señalada por ese presunto hacker de D’Alessandro dijo que el legislador kirchnerista quiso desviar la investigación. Urge, pues, conocer lo más importante desde el punto de vista institucional y moral: quién contrató a Nuñes Pinheiro y de dónde salieron los fondos para esta operación de espionaje ilegal. El interés nacional obliga a llegar a la verdad.
