Diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron hoy una ampliación del juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema por el fallo que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán, al considerar que en esos casos el máximo tribunal resolvió dos causas “con resultados de extrema gravedad institucional y peligrosa intromisión en cuestiones de jurisdicción local”.
La presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, informó a los diputados el ingreso del proyecto de resolución firmado, entre otros, por el presidente del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, presentado en las últimas horas en la Cámara baja, según publicó la agencia Télam. La ampliación del juicio político a los integrantes del máximo tribunal había sido anunciada la semana pasada por el presidente Alberto Fernández en cadena nacional, tras el fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán, y que bloqueó las candidaturas de Sergio Uñac y Juan Manzur, que pretendían extender sus mandatos.
”En el día de la fecha quedó oficialmente presentado el pedido de ampliación de juicio político a magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del fallo que suspendiera las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán”, señalaron los diputados. A través del proyecto, los legisladores consideraron que “lo extremadamente peligroso para nuestras instituciones, y para nuestro sistema republicano y federal, es la manipulación política de las herramientas y tiempos procesales de los que hizo uso y abuso la Corte Suprema”.
“Una sentencia resuelta en forma manifiestamente arbitraria por los señores Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, y Juan Carlos Maqueda, resolvió cautelarmente dos causas con resultados de extrema gravedad institucional y peligrosa intromisión en cuestiones de jurisdicción local”, consideraron los legisladores kirchneristas. Consideraron también que esos fallos generaron “violaciones a los Derechos Humanos de los ciudadanos, en particular, a sus derechos políticos reconocidos en el artículo 37 de la Constitución Nacional y en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros”.
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De este modo, se solicitó la ampliación del objeto del juicio político que tramita contra Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda “por haber incurrido, mediante hechos nuevos, en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”.
La ampliación del juicio político lleva la firma de los diputados nacionales del FDT Germán Martínez, Eduardo Valdés, Nilda Carrizo, José Luis Gioja, Ricardo Herrera, Graciela Caselles, Walberto Allende, Fabiola Aubone y Juan Manuel Pedrini.
La Comisión de Juicio Político lleva adelante desde enero pasado una investigación que involucra a los cuatro jueces de la Corte Suprema, a los que el oficialismo acusa por mal desempeño en sus funciones. El proceso, impulsado por el presidente Alberto Fernández, contó en su momento con el respaldo de un grupo de gobernadores, aunque no de todos: justamente el sanjuanino Uñac se abstuvo de firmarlo para no contravenir a la Corte Suprema, a sabiendas que tenía pendiente una definición sobre su reelección.
Obra social del Poder Judicial
En la decimocuarta audiencia de la comisión de Juicio Político, declaran hoy Sebastián Clerici, secretario letrado de la Corte y los contadores públicos Iván Nicolás Ritvo, quien pidió reprogramar su exposición, y Gabriel Martínez y Laura Ambrosio, afiliados de la obra social.
El oficialismo busca demostrar fallas en la gestión de la obra social del Poder Judicial, sobre la que recaen una serie de denuncias sobre irregularidades y desmanejos que son investigados por la Justicia.
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Clerici, que estuvo al frente del equipo que realizó una auditoría sobre 13 años de funcionamiento de la obra social judicial, declara como testigo en una reunión en la que los diputados oficialistas Vanesa Siley (ciudad de Buenos Aires) y Ramiro Gutiérrez (provincia de Buenos Aires) llevan adelante las consultas, algunas de ellas cruzadas por cuestionamientos de legisladores de la oposición, como el diputado radical Francisco Monti (Catamarca) y Juan Manuel López (Coalición Cívica-Buenos Aires).
Siley, entre otros puntos, le consultó por los mecanismos con que la obra social realiza contrataciones y licitaciones que, según consideró la legisladora y sindicalista judicial, “carecen de legalidad” por estar basadas en un reglamento autónomo que se basaría en leyes de épocas dictatoriales que fueron derogadas.
