Tras pedir una ampliación presupuestaria de $305.000.000.000, el Poder Ejecutivo de Tucumán gestiona un préstamo de $20.000.000.000 de su agente financiero, el Banco Macro: el Gobierno tomaría la deuda considerando que “la situación financiera de la provincia exige de medidas extraordinarias tendientes a posibilitar el pago de sus obligaciones operativas”.
A través del decreto 2.737/2023 del 16 de agosto y publicado en el Boletín Oficial el pasado viernes 8 de septiembre, “se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público, dentro del monto máximo allí fijado, conforme a las atribuciones previstas en los Arts. 75 y 76 de la Ley N° 6970 -De Administración Financiera”.
El ministro de Economía, Eduardo Garvich, fue autorizado a gestionar el préstamo considerando “que la situación financiera de la provincia exige de medidas extraordinarias tendientes a posibilitar el pago de sus obligaciones operativas”. El 2022, cuando el Poder Ejecutivo solicitó a la Legislatura la aprobación del Presupuesto General 2023 (Ley 9.633), se incluyó en el artículo 17° la autorización para realizar “operaciones de crédito público”, y a destinar para ello “recursos propios de libre disponibilidad” y “recursos provenientes de la Coparticipación”.
Las normas federales de responsabilidad fiscal establecen la necesidad de que las provincias cuenten con autorización del Ministerio de Economía de la Nación y del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para adquirir deudas, que fueron también gestionadas. El Presupuesto 2023 del Poder Ejecutivo de $798.814 millones no será suficiente para afrontar los gastos corrientes del Estado, por lo que se pidió a la Legislatura una ampliación presupuestaria de $305.000 millones, un 38% más, que llevaría el mismo a $1,1 billones.
El pedido del Ejecutivo para solicitar la ampliación presupuestaria un 38% plantea que el mismo es “consecuencia de la elevada inflación que se está generando en el presente ejercicio, muy por encima de la estimación prevista en las pautas de inflación anual consideradas para elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto General 2023”.
“La diferencia en el incremento de las erogaciones será destinada a atender el pago de la planilla salarial del a provincial (unos 110.000 agentes en planta permanente), por cuanto las partidas presupuestarias específicas resultan insuficientes como consecuencia de los ajustes salariales del presente ejercicio económico”, indicaron desde el Poder Ejecutivo.
El Presupuesto 2023 (Ley 9.633) que se aprobó a fines del año pasado preveía -en base a parámetros macroeconómicos trazados por Sergio Massa en el Ministerio de Economía de la Nación- una inflación del 60% anual, un 2% de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y un dólar a $269,90. Según el Indec, en julio ya se alcanzó la inflación estimada para todo el año y el dólar oficial cotiza a $365.
El crédito de $20.000 millones gestionado ante Banco Macro representa menos del 2% de los recursos totales previstos para el ejercicio en curso: esa cifra equivale a menos de la mitad de la planilla salarial actual (sin los últimos incrementos acordados) y permitiría cubrir erogaciones inmediatas. Desde Casa de Gobierno afirman que se trata de “un paraguas financiero”.
