A pocos días de cumplir dos años desde su implementación, el Congreso de El Salvador aprobó una nueva extensión del régimen de excepción en todo el país. Así, la medida permitirá que durante otros 30 días se supriman los derechos constitucionales y de asociación, se intervenga la correspondencia y celulares de quienes se consideren sospechosos y se extienda hasta los 15 días la ventana para las detenciones administrativas.
La prórroga contó con el respaldo de 67 de los 84 diputados y estará en vigencia entre el 12 de marzo y el 10 del siguiente mes. Hasta el momento, esta política gubernamental de mano dura contra las pandillas permitió el arresto de unas 78.175 personas y una baja significativa en la tasa de violencia y homicidios que, el 27 de marzo de 2022, llegó a un pico de 62 asesinatos en un sólo día.
Sin embargo, desde el Gobierno de Nayib Bukele aseguran que aún existen miembros de estas bandas criminales escondidos entre la sociedad, por lo que es crucial continuar con estas medidas para evitar un retroceso en la seguridad.
“Dado que aún permanecen miembros terroristas y sus liderazgos en libertad, quienes mantienen su agresión a la población y cuerpo de seguridad” es necesario prorrogar el régimen de excepción, se lee en la solicitud.
La violencia en El Salvador fue una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en los últimos años; en 2015 se registraron 6.656 homicidios, lo que lo convirtió en uno de los países más peligrosos del mundo.
