Luego de que la semana pasada diéramos cuenta desde este medio acerca de la enorme suba en la tarifa de la energía eléctrica que habilitó el gobierno provincial a EDET por medio del Ersept, urge que la Justicia intervenga para dar marcha atrás con esta medida. Para ello, no sólo será clave la presentación de un recurso de amparo, sino por sobre todo, será necesario que el Poder Judicial no sea funcional al poder político.
Sólo la Justicia posee la capacidad de plantear la nulidad de las resoluciones del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersept) que habilitaron el incremento en las facturaciones. Cabe recordar que se trata del ente regulador de Tucumán y se supone que en ese rol, debería ser al ciudadano al que protegiera de la voracidad de las empresas de servicios, en este caso, se trata de EDET y su posición monopólica en la provincia.
Pero debe quedar claro el hecho de que el Ersept contó con el aval explícito del gobernador Juan Manzur. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿por qué razón técnica es que debería intervenir la Justicia en un asunto como este? Y es que la respuesta pasa por el hecho de que desde la compañía EDET se avanzó con un tarifazo que no cumplió con los requisitos legales para garantizar los derechos de los usuarios.
En otras palabras, desde la empresa, se actuó en forma arbitraria, por lo que ni lerda ni perezosa, debería ser la Justicia la que busque una rápida resolución que paralice la emisión de facturas que ya está en marcha con nuevos aumentos. Uno de los factores en los que se debería basar la anulación del incremento tarifario pasa por el hecho de que para la convocatoria a audiencias públicas, hubo una total falta de información.
Y es que desde EDET y el Ersept, armaron una pantomima para justificar una decisión que ya estaba tomada desde antes de comenzar el debate. Si la Justicia no interviene para ponerle un freno a empresa, miles de usuarios se verán afectados con subas que no tienen relación con sus ingresos y con el servicio que reciben. Es deber de la Justicia frenar este atropello y garantizar un servicio esencial como el de la corriente eléctrica.
En su momento, Manzur aprovechó el agitado comienzo de año para oficializar un aumento del 37% en el costo de la tarifa eléctrica. Para eso, se valió del Boletín Oficial para su promulgación, mientras los grandes medios ni siquiera se hicieron eco de lo que había sucedido. Una vez más, tuvo que ser la propia ciudadanía la que se movilizara aunque más no sea desde la comodidad de las redes sociales para hacer conocer su fastidio.
Es por ello que la sociedad instó a una Justicia muchas veces marcada a fuego, por la protección que le concede al poder político, a que esta vez no decida colocarse la venda en los ojos para terminar favoreciendo a las empresas en desmedro de los ciudadanos de a pie. Pero seguramente, el oficialismo no tardará mucho tiempo en marcarle la cancha a la misma, por lo que cabe preguntarse: ¿Qué decisión tomará la Justicia?
