Se dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Los gobernantes de la Argentina, especialmente si provienen del peronismo –aun cuando no son los únicos–, no terminan de aprender de las recurrentes lecciones del pasado y caen una y otra vez en sus mismos errores y equivocadas presunciones. Cuesta entender que intenten resolver ciertos problemas crónicos del país con las mismas recetas que tantas veces fracasaron.
Sin embargo, siguen ahí, insistiendo en ellas cual si fueran novedosas soluciones. El anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, según el cual se halla en estudio un congelamiento de precios por 120 días demuestra que el gobierno nacional no ha aprendido nada. Los funcionarios siguen sin reparar en que la inflación es un problema generado desde hace tiempo por parte del Estado.
Y profundizado durante la actual gestión gubernamental, a partir de algo tan elemental como pretender gastar mucho más de lo que se tiene y cubrir ese déficit con la emisión espuria de moneda. Por el contrario, siguen concibiendo erróneamente a la inflación como un fenómeno que es fruto de la codicia de empresarios inescrupulosos, empeñados en subir los precios de todo para maximizar sus ganancias.
Esta concepción vuelve a estar latente en las declaraciones del propio ministro Massa, probablemente influenciado por los reclamos de un mayor intervencionismo estatal formulados por la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus adláteres de La Cámpora. Curiosamente, hasta hace dos semanas, el titular del Palacio de Hacienda se negaba a aplicar mayores controles de precios, esgrimiendo que estos habían demostrado su ineficacia.
Ahora, sin embargo, avanza con un congelamiento de productos de la canasta familiar que, según asegura, no será unilateral, sino el resultado de un acuerdo con los empresarios, pese a que estos últimos ya han anticipado su sorpresa por el anuncio y su lógico rechazo. Massa anticipó que el control de precios estará a cargo de los propios consumidores, por cuanto podrán monitorearlos a través de una aplicación para sus teléfonos celulares.
Y si un comercio no cumple con los valores estipulados el público podrá denunciarlos oprimiendo un botón. Para eso –según explicó el ministro– fueron aumentadas 60 veces las multas que deberían pagar los comercios si no respetan los precios convenidos. Las penalidades ascenderían hasta 240 millones de pesos, una friolera confiscatoria que forzaría a muchos comerciantes a bajar las persianas de sus ya castigados negocios.
Los anuncios traen a la memoria una de las peores épocas de la Argentina, signada por las divisiones sociales que provocaron las siniestras políticas llevadas a cabo durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón. Por aquel entonces, la aplicación de la llamada ley del agio llevó a la cárcel a no pocos comerciantes, en un contexto de desabastecimiento generalizado de productos.
La instrumentación de la anunciada medida, junto a la decisión oficial de investigar a ciertas empresas para estudiar sus márgenes de ganancias y detectar supuestos “abusos de posición dominante”, constituye otro claro retroceso que en nada ayudará a la recuperación de la confianza inversora y al incentivo de la producción, que junto a la reducción del gasto público son la mejor alternativa para enfrentar a la inflación.
