La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca revocó el procesamiento contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez y su hijo, Martín, tras considerar que -en su rol como representantes de Austral Construcciones- no crearon una “usina” de facturas truchas para su provecho. Seguirán imputados como usuarios de facturas apócrifas.
No obstante, los magistrados Pablo Candisano Mera y Leandro Picado, de la Sala II, confirmaron el procesamiento de Silvio Luis, Franco y Enzo Ficcadenti; José Antonio, Denis Ariel y Franco Nicolás Ferreyra y Rogelio Alberto Chanquía, por asociación ilícita fiscal.
La información fue difundida por el medio La Nueva de Bahía Blanca, que advirtió que al igual que los Báez, Néstor Manuel Piñeiro e Iván Fernando y Mario Sebastián Pedraza vieron sus procesamientos revocados.
Según explicó el portal local, los camaristas diferenciaron dos hechos en la investigación: las empresas que emiten facturación apócrifa (“usinas”) y las empresas que adquieren esas facturas para evadir impuestos (“usuarias”).
Así, los jueces resolvieron que en Bahía operaron dos grupos de “usinas, conformadas por las familias Ficcadenti y Ferreyra (con Chanquía como contador de las firmas Penta y Terrafari), de cuya emisión se beneficiaba Austral.
En relación al empresario kirchnerista y su hijo, Martín, los magistrados determinaron: “En la causa no se logró demostrar que la estructura conformada por las compañías locales haya sido creada por y para el Grupo Báez, es decir, generada por orden suya y para su único beneficio, extremo que los desvincula de esta investigación”.
Con el fin de evadir el pago de tributos, los Báez habrían obtenido facturas apócrifas emitidas por las empresas bahienses, según se encontró acreditado.
El hecho ya se investiga en la ciudad de Buenos Aires, donde Austral Construcciones tenía domicilio fiscal al momento del hecho, en dos causas del fuero Penal Económico, al que se remiten las constancias de esta causa que puedan resultar de interés.
En este sentido, Piñeiro y Mario e Iván Pedraza, vieron sus procesamientos revocados luego no haberse acreditado la efectiva participación en el hecho.
