Ante el incumplimiento del Gobierno, la ciudad de Buenos Aires presentará el lunes próximo un escrito en la Corte Suprema de Justicia en el que reclamará que el máximo tribunal intime al Estado Nacional a depositar el 2,95 por ciento de los fondos coparticipables, como dispuso el máximo tribunal. Sin embargo, en la Corte prima un clima que llama a quitarle vértigo el asunto, ya que hay precedente de otros casos, como el de la provincia de San Luis donde se dictaron dos fallos por impuestos coparticipables que empezaron así, con un incumplimiento de parte del Gobierno nacional y que luego se encauzaron con una ejecución, pero uno o dos meses más tarde.
El Procurador del Tesoro porteño, Gabriel Astarloa, prepara esa presentación para intimar al Banco Nación y al Gobierno nacional. Pretende que se empiecen a depositar los fondos, como debía haberse hecho -advierten en el Gobierno porteño- desde ayer.
“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que el fallo sea operativo con la mayor brevedad posible, no solo por la cuestión patrimonial que está en juego, sino por las cuestiones de gravedad institucional en juego que son inusitadas” dijo Astarloa a LA NACION.
El miércoles pasado, el mismo día del fallo, la decisión fue notificada al Estado Nacional. Las notificaciones llegaron al Ministerio de Economía, de Sergio Massa y la Procuración del Tesoro a cargo de Carlos Zannini, que son las partes en el expediente.
La Ciudad percibe hasta hoy unos 500 millones de pesos diarios por fondos coparticipables, pero con el fallo de la Corte se elevaría esa suma a 1100 millones de pesos diarios, dijeron fuentes porteñas a LA NACION.
El escrito que prepara la Ciudad, y que ingresaría a los tribunales el lunes a primera hora hace sabe a la Corte el incumplimiento por parte del Estado nacional y propone que se dicten medidas de ejecución forzada de la sentencia. “Estamos analizando la letra chica en cuanto a solicitar los embargos de las cuentas nacionales”, dijo una fuente del Gobierno porteño.
En la Ciudad incluso contemplan con la posibilidad de pedir la habilitación de la feria judicial de verano, que comienza el jueves próximo, pero en la Corte no estaban tan convencidos de que este se trate de un asunto en los que corresponde levantar la feria.
La Corte resolvió sobre una medida cautelar y debe decidir aún sobre el fondo del juicio. Pero al darle la razón a la Ciudad y decir que por el momento le corresponde que le den casi todo lo que pidió, para preservar sus derechos en lo inmediato, ante el peligro que genera la demora en la resolución del caso, es que entiende que es verosímil su reclamo en el caso de fondo.
Es decir que la Ciudad tiene el juicio ya prácticamente ganado y saber que va a cobrar, solo que es cuestión de tiempo si lo hace de inmediato o no. Además está en juego el reclamo de la Ciudad sobre el retroactivo de todo lo que se descontó desde septiembre de 2020, a razón de unos 150.000 millones por año.
Con todos estos reclamos sobre la mesa, la Ciudad avanza con firmeza, pero con prudencia para no malquistar a los jueces y al mismo tiempo buscar que se cumpla el fallo que dictaron en su favor.
Un trámite que llevará tiempo
Los pasos y los tiempos obligan a la Corte a iniciar un trámite que puede llevar tiempo y que está atravesado por el inicio de la feria judicial. En principio, el escrito que presente la Ciudad será analizado la semana próxima. Al mismo tiempo, el presidente Alberto Fernández ya anticipó que se iba a presentar con un recurso de revocatoria “in extremis” para que la propia Corte revea su fallo y al mismo tiempo iba a recusar a los jueces del máximo tribunal.
Simultáneamente los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; del Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella y de Tucumán, Osvaldo Jaldo anticiparon que buscarán constituirse como parte en el expediente porque se dicen damnificados por el fallo. Lo que implica que harán sendas presentaciones que deberá analizar el máximo tribunal y eventualmente darle vista a la Ciudad y a la Nación.
La Cote ya aclaró que la sentencia que ordena entregar fondos a Buenos Aires no afecta a las otras provincias, porque el dinero proviene de la coparticipación que recibe la Nación y no de la parte que se reparte entre los gobiernos provinciales, con lo que es probable que este pedido se rechace, igual que el recurso de revocatoria y la recusación.
Todos estos trámites puede que no concluyan la semana próxima y que lleven el caso a febrero cuando se reanude la actividad judicial.
Antecedentes
La mirada en los tribunales sobre este caso es que en parte es similar a los que tuvo que resolver la Corte cuando comenzó el gobierno de Mauricio Macri y ordenó devolver a Córdoba, San Luis y Santa Fe una fortuna en impuestos.
Córdoba negoció y cobró; Santa Fe, tras un fallo, firmó el 17 de octubre pasado un acta entre el gobernador Omar Perotti y el ministro Sergio Massa para cobrar. Y finalmente la provincia de San Luis que litigó en silencio sin ver un peso.
Presidencia
San Luis tuvo dos fallos a favor para cobrar 15 mil millones de pesos y el Estado nacional no les pagó, por lo que empezó a dejar constancia día por día de la falta de pago hasta que pidió a la Corte que intimara al Gobierno a que hiciera efectiva la sentencia.
Tardó unos dos años desde el fallo y 40 días de reclamos hasta que consiguió que se cobrara el juicio.
Todos los asuntos que la Corte deba tratar en la feria de verano recaerán en los jueces que ya fueron designados para trabajar durante enero. La primera quincena estarán Ricardo Lorezentti y Juan Carlos Maqueda, la segunda Horacio Rosatti y los últimos y tres días Carlos Rosenkrantz. En sus manos estará la decisión de los temas que les lleguen en el verano.
