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La Corte Suprema avaló las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires

Tomaron la decisión a partir del amparo de Larreta en contra del DNU que suspendió la actividad en las escuelas en el área metropolitana.

corte suprema

En un fallo de alto impacto político y social la Corte Suprema de Justicia respaldó las clases presenciales en Capital Federal, decisión que anticipáramos en Tucumán Despierta. La medida fue a partir del amparo presentado por el gobierno porteño en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspendió la actividad presencial en el área metropolitana por la segunda ola de contagios de coronavirus.

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La decisión salió por unanimidad con los votos de Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, que respaldaron de la autonomía de la Ciudad. Elena Highton se abstuvo de votar al considerar que la presentación de la ciudad de Buenos Aires no era competencia de la Corte. El planteo generó una gran discordia entre Nación y la administración de Horacio Rodríguez Larreta, que no acató la restricción en las escuelas.

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Entre los argumentos de la resolución los jueces manifestaron que “corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —al igual que a las provincias— la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes”. Mencionaron que la Convención Constituyente de 1994 “introdujo a la educación entre las atribuciones de la policía del bienestar de las provincias, y expresamente incorporó como sujeto activo —y en igualdad de condiciones que las provincias— a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

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El fallo sostiene que debe aplicarse para “decisiones futuras”. Los ministros del máximo tribunal expresaron que “dado que circunstancias como las examinadas en la causa pueden prorrogarse o repetirse en el futuro, el Tribunal entiende que su pronunciamiento no solo no se ha vuelto inoficioso sino que debe orientar, desde lo jurídico -no desde lo sanitario- decisiones futuras”. Afirmaron que “no se trata solo de ponderar una decisión temporaria y circunstancial sino de dejar establecido un criterio rector de máxima relevancia institucional en el marco del federalismo argentino”.

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El expediente

La causa empezó el 16 de abril con la presentación del amparo ante la Corte que hizo el gobierno porteño, que pidió que declare inconstitucional el artículo 2 del DNU 241/2021 que suspendió las clases presenciales. Este decreto quedó sin efecto el 30 de abril y fue reemplazado por el 287/2021, que mantuvo la restricción en la actividad en las escuelas. Aunque en todo momento hubo clases presenciales en Capital Federal desde el 3 de mayo se dispuso un esquema “bimodal” para los estudiantes de secundaria.

Entre los argumentos que usó la administración de Rodríguez Larreta para defender la presencialidad están la consideración que el DNU “viola la autonomía de la Ciudad e implica una virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación”. Sostuvieron también que “está científicamente demostrado, en el ámbito internacional y local, que el grado de contagio en establecimientos escolares es mínimo”.

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Los argumentos del Gobierno en contra de la presencialidad

Mientras que el Gobierno a través del procurador del Tesoro Carlos Zannini hizo una presentación ante el máximo tribunal en la que planteó que la necesidad de “proteger la vida y la salud pública”. Sostuvo que “la restricción no tiene por objeto afectar el derecho de educación, como malintencionadamente alega la actora (por la Ciudad), sino disminuir la circulación” por la segunda ola de contagios de COVID-19. Mencionó que esta acción requiere “la restricción de actividades que implican la concentración de personas” y la suspensión de las clases presenciales “por un plazo temporal”.

Acusó al gobierno porteño de tener “una mirada negacionista de la realidad y de la grave situación que representa la pandemia”. Además advirtió que la habilitación de las clases presenciales “impactaría” en el conurbano bonaerense, “aumentaría la circulación de personas entre las jurisdicciones involucradas y se incrementaría la velocidad en el crecimiento de los contagios, poniendo en riesgo la salud de la población”.

El fallo de la Corte

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FuenteTN
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