Una vez más, el manto de sospecha cae sobre la ministra Carolina Vargas Aignasse y el prestanombre de su pareja Martín Salas. A través de una presentación en la Corte Suprema de Justicia, la empleada judicial, Alejandra Martínez, dejó al descubierto una serie de hechos de dudosa legalidad. “Puse en conocimiento de la Corte la inconveniencia de haber entablado una relación contractual con la empresa Brillante S.A.”, manifestó.
En una entrevista exclusiva con Tucumán Despierta, brindó detalles al respecto. “La inconveniencia pasa porque esta compañía estaría violando la Ley Penal Tributaria, la Ley Nacional N° 24.769, porque tiene personas que están cobrando en negro con un sueldo de $8.000 donde la Corte, si conocía esta situación tremenda, no puede dejarlo pasar así como así”, detalló Alejandra Martínez.
“En primer lugar, la Justicia no puede permitir que se esté violando esta ley por parte de la empresa que ellos mismo contratan. Y en segundo lugar, si desconocían, están en un brete porque no pueden desconocer que la empresa con la que ellos trabajan, viola la ley ya que la empresa tiene esclavos, como les digo, porque les pagan cerca de $8.000 mensuales, lo que lo hace un trabajo esclavo y les pagan $50 la hora a empleados que trabajan entre 11 y 12 horas por día”, explicó.
“La Corte no puede desconocer esa situación ni hacer la vista gorda a lo que está pasando. En mi presentación invoco el artículo 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Porque la Corte me niega sistemáticamente la información diciendo que yo no soy parte y que no puede peticionar y me parece que la Corte desconoce este artículo donde dice que cualquier ciudadano puede peticionar respetuosamente ante las autoridades”, argumentó.
“La Corte se niega sistemáticamente a dar a conocer los pliegos de licitación que hicieron con la empresa Brillante S.A. y se sienten atacados porque les pido que me muestren los estados contables. Y les digo que el principio de publicidad de un sistema republicano implica la obligación de dar a publicitar todos y cada uno de los actos de gobierno. ¿Por qué la Corte no muestra los pliegos de licitación y todo es a oscuras y no muestra los estados contables?”, se preguntó.
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Otra vez Carolina Vargas Aignasse y su pareja.
“El agravante es que la empresa le pertenece a Martín Salas, pareja de la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, que gana las licitaciones en todas las entidades del Estado. Porque recordemos que está en el Ministerio Público Fiscal, en el Ministerio Público de la Defensa, en la Legislatura, en Rentas, en el Subsidio de Salud. En todos estos lugares, la empresa Brillante S.A. y Logística Integrales S.A., que son lo mismo, porque son los mismos dueños y están en todas las entidades del Estado. Algo que también llama la atención, es decir, que hayan ganado justo estas empresas siempre, cuya dueña es Carolina Vargas Aignasse, porque su pareja no es más que un prestanombre”, informó.
¿Carolina Vargas Aignasse lava dinero?
Alejandra Martínez comentó que “estuve en una reunión con varios empleados y con personas que han despedido de esta empresa porque ellos cobraban todo el sueldo en negro. Recién desde este mes es que ellos cobran parte de su sueldo en blanco, pero $4.000 nada más porque el resto pasan a cobrarlo en un sobre en calle 24 de Septiembre, que es donde queda la dirección de la empresa Brillante S.A.”
Pero, además, aseguró que existe “también la sospecha de que estos empleados estarían figurando en la AFIP como que en realidad están cobrando $30.000 para hacerse quedar con parte de la ayuda que manda el Gobierno que son las ATP, una parte se las quedaría la empresa”.
Tucumán Despierta explica el modus operandi de lo que sería esta maniobra absolutamente ilegal. Es tan bajo el sueldo de estos empleados que la empresa tuvo que hacerlos aparecer en la AFIP como que cobran más para poder recibir la ayuda del Estado que consiste en que deposita el 50% del sueldo. Entonces, si figuran con $30.000, el Estado deposita $15.000, mientras que el resto se supone que lo tendría que depositar la empresa privada.
Pero la empresa lo que habría hecho es comunicarles a sus trabajadores que les entregan una especie de ayuda haciendo que figure en realidad como una ATP, pero de sólo $4.000 mientras que el resto se lo quedaría la misma empresa. Esto significa que la compañía de Carolina Vargas Aignasse estaría incurriendo en el delito de defraudación al Estado porque les estaría sobrando cerca de $7.000, que se los estarían quedando ellos mismos”.
¿Qué papel juega la titular de la Corte, Claudia Sbdar? “Les están robando a los empleados la plata que mandó el Estado nacional. ¿Entonces, la Corte no sabe esto, no sabe con quién está tratando? La Corte oculta la información y se maneja con opacidad, sobre todo la presidenta de la Corte, Claudia Sbdar, porque ella es la que firma y no quiere mostrar la información”, cerró Alejandra Martínez.
