Si hay una escena de la corrupción kirchnerista que compite mano a mano con los bolsos voladores de José López, es la de los hijos de Lázaro Báez contando y apilando fajos de dólares en una cueva de Puerto Madero, La Rosadita. Es una imagen de hace 10 años que puede volver pronto, este mismo martes, y potente. La Corte tiene en agenda rechazar por unanimidad los recursos que presentó Cristina Kirchner para bajar una de las causas que más le preocupan.
Se trata del monumental negociado con la obra pública en Santa Cruz. Un protagonista central de esa historia es Báez, que gracias a los Kirchner pasó de empleado bancario raso a contratista multimillonario del Estado. Está probado que Báez concentró en Austral Construcciones, que fundó apenas un mes antes de la llegada de Kirchner al gobierno, alrededor del 90% de la obra pública que iba de Vialidad nacional a Vialidad provincial.
Y de ahí, sin escalas, a la empresa de Báez, ganadora de casi todas las licitaciones. Cuando no las ganaba, se asociaba con la ganadora. Nadie nunca consiguió semejante premio. También está probado que Báez facturaba con un sobreprecio promedio del 60% y que cobraba anticipos por trabajos que nunca terminó. Kirchnerismo auténtico. Ya ha sido condenado a 12 años de prisión en otra causa, la ruta del dinero K.
En ésta, ha sido procesado por asociación ilícita junto a Cristina Kirchner y funcionarios clave de su gobierno como López y De Vido y los jefes de Vialidad Nacional y Provincial. El caso está lleno de detalles que son bastante más que detalles porque en más de un sentido muestran las entrañas del poder y de la corrupción. Es en el negocio con la obra pública donde mejor se conoce a los Kirchner. Se los conoce de verdad.
Empeñada en descalificar la investigación, Cristina Kirchner intentó en la Corte bajar la causa con una pila de recursos, la especialidad de su abogado Beraldi, abogado también de Cristóbal López en los propios laberintos judiciales del rey de las tragamonedas. El esfuerzo es sobre todo visible en tres argumentos. Uno: que el delito ya fue juzgado en Santa Cruz, donde, obvio, Báez fue absuelto. Dos: que intervino una sala de casación en lugar de la que debía hacerlo.
Y tres: que, pese a que los datos reunidos por el juez y el fiscal pasaron la prueba de la precisión, es necesario ampliar el peritaje a todas las obras cuestionadas. O sea, un peritaje interminable. La Corte se propone ahora destrabar estas objeciones sobre el juicio, que acaba de terminar con la parte de los testimonios y espera que el 11 de julio comiencen los alegatos de la acusación y defensa.
Como anticipando que el martes la Corte rechazará los planteos dilatorios de Cristina Kirchner, el kirchnerismo abrió esta semana un paraguas tras otro. Uno, que es otra pintura de cómo se manejan acá estas cosas, fue la renuncia de la Oficina Anticorrupción a ser querellante en la causa. Un papelón institucional. En 20 días vendrán los alegatos y tal vez antes de fin de año salga el veredicto sobre la vicepresidenta. Por el peso de las pruebas, no podría ser sobreseída.
