El juzgado federal de Bariloche, donde se investigan las usurpaciones más rutilantes de los grupos auto denominados mapuches, no tiene juez desde 2019. Cada tanto, una jueza de Zapala (Neuquén) deber recorrer casi 400 kilómetros para estar presente en Bariloche. En los hechos, el juzgado es manejado hace tiempo por su secretario, Gustavo Zapata, que en pocos días viajará a España para realizar un posgrado. Autorizado por sus superiores, estará ausente durante doce meses, pero seguirá cobrando su sueldo.
La Fiscalía Federal de Bariloche también está vacante. La fiscal Silvia Little, que había amenazado con renunciar hace un año tras otra ola de violencia, finalmente dejó esa función a comienzos de este año. Su lugar fue ocupado por Cándida Echepare, que cumplía la función de secretaria de Little y ahora subroga la Fiscalía. Para lidiar con todas las causas federales, tiene apenas 11 empleados.
Pese a la falta de recursos, la Justicia es parte del problema en el conflicto mapuche: por cada toma en la zona de Villa Mascardi se abrió una causa judicial y ninguno de esos expedientes llegó a juicio oral.
De hecho, todavía está pendiente el juicio por la primer toma en la zona, ocurrida el 10 de noviembre de 2017. En ese caso, el juicio se demora porque todavía no se ponen de acuerdo qué tribunal oral debe hacerse cargo. “La causa estuvo un año en la Cámara de General Roca y otro año en Casación”, se quejó una fuente judicial que conoce la maraña de causas judiciales.
En ese expediente judicial están acusadas seis mujeres y un hombre que pertenecen a la autodenominada comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: Martha Luciana Jaramillo, Yessica Fernanda Bonnefoi, María Isabel Nahuel, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Betiana Ayelén Colhuan y Cristian Germán Colhuan.
Dos de ellas, Jaramillo y Betiana Ayelén Colhuan (20), están entre las mujeres detenidas esta semana durante el operativo de las fuerzas federales. Jaramillo fue enviada, junto a otras tres mujeres, a la cárcel federal de mujeres de Ezeiza, aunque ayer la Justicia ordenó que vuelvan al Sur. En cambio, Betiana Ayelén Colhuan, la “machi” que tuvo en 2017 la revelación sobre la condición sagrada de esas tierras, nunca se movió de Bariloche porque tiene un bebé y está en período de lactancia.
En la primer toma, la Justicia intervino con celeridad en una primera etapa. Apenas cuatro días después de la denuncia, el 14 de noviembre, la entonces fiscal Little y el entonces juez subrogante Villanueva encabezaron un operativo en el lugar y lograron obtener imágenes aéreas con un drone de la Policía Federal, según consta en el expediente judicial al que tuvo acceso Infobae. Los funcionarios judiciales tuvieron que abandonar el lugar por las piedras que caían desde la montaña.
La primera identificación de las mujeres fue a través de los números de teléfono asociados a unas publicaciones en Facebook de los usuarios “Lafken Winkul Mapu” y “Red de Apoyo Comunidades en Conflicto — MAP”. Varios de esos teléfonos luego fueron secuestrados en la toma.
En el caso de Cristian Colhuan, fue identificado a través de un Renault Clio que estaba en la toma y aparecía registrado a su nombre, pero además se encontró su billetera con dos tarjetas SUBE, dos tarjetas del Ministerio de Desarrollo Social de Río Negro, tres tarjetas de débito, y $1094 en efectivo.
Las escuchas telefónicas terminaron de confirmar que estuvo en el lugar y huyó a tiempo.
Esa primer toma de Mascardi terminó el 23 de noviembre, dos días antes de la muerte de Rafael Nahuel, con un desalojo a cargo de la PFA. En ese operativo, al igual que ocurrió esta semana, solo fueron detenidas mujeres con sus hijos: Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Betiana Ayelén Colhuan, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Mayra Aylén Tapia y Romina Rosas.
Los hombres lograron escaparse por la montaña.
Cristian Colhuan también aparece procesado y elevado a juicio por la “recuperación” de ese mismo predio. En la Justicia se lo conoce como “hecho 3″. Las otras dos personas acusadas en esa causa son Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña.
Además de las pruebas acumuladas en los expedientes judiciales, las fuerzas de seguridad realizaron, al menos hasta 2019, varios informes de inteligencia sobre las tomas de Villa Mascardi. Los ocupantes fueron grabados con drones, durante el día, y observados de noche con miras infrarrojas. “Están identificados hace mucho tiempo, la Justicia sabe quiénes son, el Estado también, pero se dejó hacer por lo que había pasado con (Santiago) Maldonado y Rafael Nahuel”, admitió un ex jefe de una de las fuerzas que colaboran con la Justicia.
Durante los últimos tres años, esos informes se discontinuaron. Tampoco intervino la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), según confirmaron fuentes judiciales. De esta manera, el operativo de esta semana se hizo sin datos certeros sobre los ocupantes ni sobre las características del terreno. El resultado quedó a la vista: todos los hombres que intervenían lograron huir y hasta ahora no fueron encontrados.
“Es muy relevante que el Estado detenga a los responsables de tantos hechos de violencia y que los juzgue ejemplarmente tal como se hizo en su momento con Facundo Jones Huala”, expresó el ex ministro de Seguridad Eugenio Burzaco ante una consulta de Infobae.
Encima, el operativo abrió otra interna en el Gobierno por la renuncia de la ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta. “En lo personal, siento que con este hecho se ha traspuesto un límite, por lo que debo dar un paso al costado para que otra persona tome a su cargo la importante responsabilidad de estar al frente de este ministerio”, argumentó la abogada en su carta de renuncia. No fue la única voz disonante dentro del Frente de Todos por el cambio de rumbo sobre el conflicto mapuche.
La Justicia también tiene pendiente el juicio contra los cinco prefectos procesados por la muerte de Rafael Nahuel, ocurrida en noviembre de 2017 en Villa Mascardi. Recién en diciembre del año pasado, la jueza Silvia Dominguez, cerró la etapa de instrucción.
Por las vacantes en el juzgado federal de Bariloche, la investigación por ese crimen pasó por las manos de Leónidas Moldes, el magistrado que renunció en 2019, dos subrogantes (Gustavo Villanueva y Gustavo Zapata), y la actual jueza subrogante.
Zapata, el actual secretario, estuvo a cargo del juzgado federal durante casi dos años. En ese periodo afrontó casos resonantes pero también fue cuestionado por algunas resoluciones. Se le objeta haber avalado un asentamiento en dos predios pertenecientes al INTA en El Bolsón y de obligar al estado provincial a resolver la situación habitacional de los ocupantes en un plazo de dos semanas.
Aunque es uno de los candidatos que espera una definición por parte del Consejo de la Magistratura en el concurso para elegir al sucesor de Moldes, Zapata acaba de ser autorizado para realizar un posgrado en Sevilla (España). Estará ausente durante 12 meses pero seguirá cobrando su sueldo.
La resolución que lo autoriza, firmada por los jueces de Cámara Richar Gallego y Mariano Lescano, señala que Zapata cumplió con el requisito previsto por el régimen de licencias, donde se establece expresamente que para una licencia con goce de haberes la actividad a realizar debe ser “de interés para la función y no afecte la debida prestación del servicio”.
De las primeras usurpaciones de Villa Mascardi, la Justicia provincial solo intervino en la toma del predio que pertenece al Obispado de San Isidro. En ese caso, llamativamente, el desalojo había sido ordenado pero se suspendió por pedido de los propios denunciantes.
