CÓRDOBA.- La decisión del ministro Luis Caputo de eliminar el Fondo Compensador del Transporte tomó por sorpresa a los gobernadores, que según las primeras reacciones que recogió LA NACION, la interpretaron como una venganza y una medida rupturista del Gobierno, en especial porque ayer intendentes de varias ciudades del país pidieron una reunión con la Secretaría de Transporte para analizar el tema y ningún funcionario les advirtió de estos cambios.
Fuentes que integran el grupo de mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC) dijeron a LA NACION que había un acuerdo con el Gobierno y que “se incumplió”. Aseguran que les habían dicho a los gobernadores que en enero ellos deberían hacerse cargo y que, a partir de febrero, “los recursos los pondría Nación”.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (UCR), afirmó en las redes sociales: “La eliminación de subsidios de transporte para el interior del país, sosteniendo los del AMBA, incumple el Pacto Fiscal de 2017. Se mantienen fuertes asimetrías entre el conurbano bonaerense y el resto del país. Bienvenido el orden fiscal, pero debe ser equitativo”.
Otro gobernador de JxC dijo a LA NACION: “Quintárnoslos al interior y dejarlos en el AMBA muestra claramente que hay intencionalidad política. No hablemos más de vocación de diálogo”. Este mandatario interpretó la medida como una “declaración de guerra”.
El cordobés Franco Mogetta es el secretario de Transporte y venía negociando la posibilidad de que el Fondo Compensador contara con más recursos. Ayer, intendentes de diez provincias que conforman la Red Federal de Intendentes le pidieron al secretario de Trabajo de la Nación, Omar Yasín, el dictado de la conciliación obligatoria ante el conflicto en la negociación paritaria entre UTA Nacional y Fatap (interior).
Ese grupo viene trabajando para “revertir la histórica inequidad en la repartición de recursos fiscales nacionales entre las desfavorecidas ciudades del interior de Argentina, en pos del favorecimiento del AMBAy CABA”. El viernes pasado se reunieron con Mogetta y, ante “la falta de respuestas e incertidumbre” del presupuesto para este año, se declaró la “emergencia en el transporte urbano”.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sin referirse directamente al tema de los subsidios, posteó en su red social X (exTwitter): “Defender los intereses de Santa Fe es nuestro compromiso irrenunciable. No vamos a avalar ninguna medida que perjudique nuestra producción que es el motor del crecimiento provincial y nacional. El Estado Nacional debe ser eficiente y responsable, reducir el déficit fiscal es fundamental para construir un país más sólido y próspero. Desde ese lugar vamos a acompañar y dialogar para generar los consensos necesarios”.
Estimó que su provincia perderá “$1.500 millones por mes, que era una partecita de los subsidios que daba Nación para sostener los de transporte”.
Cerca del gobernador cordobés, Martín Llaryora, comparten la interpretación de que la decisión de Caputo es un “castigo” por la caída de la ley ómnibus. “Más claro queda por su interpretación a medias de lo que implica ese ajuste, ya que deja a salvo al AMBA”, agregan y dicen que están analizando la situación.
El gobierno nacional avanzará en la entrega de subsidios directamente a la demanda a los usuarios de la tarjeta SUBE que funciona, hasta el momento y según la página oficial, en 60 ciudades del país. Con los números del 2023, de los $100.000 millones, 88% queda en Amba y 12% en el interior. Hay 18.000 unidades en el área metropolitana y cada una recibe $4,9 millones. En el interior hay 14.000 que recibe cada uno $785 mil. Sobre esos números venían reclamando gobernadores e intendentes.
También el pampeano Sergio Ziliotto señaló: “El Estado nacional pretende tener a los gobernadores de rodillas”. Abrió la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia “para defender el patrimonio” de la provincia, afirmó en declaraciones a Radio 10.
Los intendentes
Los intendentes de las principales ciudades del país emitieron un comunicado: “Esta medida no es contra los intendentes, es contra los millones de estudiantes, enfermeros, trabajadores que diariamente utilizan el transporte público para movilizarse en sus respectivas ciudades. Una determinación semejante afecta de forma directa a la productividad del país”. Adelantan que evaluarán “todas las medidas políticas y judiciales para garantizar las partidas ya asignadas por el presupuesto nacional”.
Agregan que si se concreta el anuncio “se sostiene la inequidad con el AMBA, ya que la eliminación solo está planteada para el interior”. Advierten que si bien, un esquema posible es el subsidio directo a los pasajeros y no a las empresas, esto tiene que “ser estudiado en profundidad para establecer el universo de quién es sujeto pasible de recibir dicho subsidio” porque “hacerlo de manera improvisada puede implicar dejar sin transporte público a millones de argentinos del interior”.
