Es un momento realmente delicado el que atraviesa la Argentina, debido a que se ha llegado a poner en duda a la mismísima propiedad privada. Lo que parecía no ser más que una idea descabellada por parte de dirigentes kirchneristas de la periferia del poder, se ha diseminado como dogma al punto de que hasta ayer a la noche, un total de 12 provincias de nuestro país, es decir la mitad, experimentan usurpaciones.
En ese marco, Tucumán no está ajeno a esta problemática y, por el contrario, el fenómeno de la toma de tierras se intensificó desde el comienzo de la pandemia. Pero sin dudas el hecho de que el predio donde fue hallado el cadáver de Abigail, la niña de 9 años violada y asesinada, se convirtió en un hecho que indigna a propios y ajenos. Y es que la muerte de la pequeña es utilizada como una excusa para apoderarse de un espacio que está en litigio entre dos hermanos.
De esta forma, con la impactante noticia que tuvo lugar allí y que todavía está fresca, sólo el lugar destinado a colocar una gruta en recuerdo de Abril se salvó de ser tomado por la fuerza. En ese sentido, llegan denuncias acerca de que dealers o tranzas también estarían detrás de este negocio para seguir extendiendo sus tentáculos sobre aquellos que se encuentran excluidos en Tucumán. Lo más grave es cómo la Justicia decide nuevamente mirar para otro lado.
A esta altura, cabe preguntarse cuál es la función de la Justicia si va a permitir que cuanto atropello se le cruce por la mente a un grupo de personas cometer, finalmente se concrete. ¿Acaso existe algún tipo de connivencia entre funcionarios judiciales, políticos, punteros y hasta narcos locales a la hora de hacer la vista gorda antes semejante accionar? La Justicia, al igual que el resto del Estado brilla por su ausencia en temas delicados como éste.
Y es que una de las bases del Estado de derecho lo constituyen la propiedad privada y el derecho de expresión. Esto significa que si se vulnera el derecho de una persona a que su propiedad no se ponga en tela de juicio por parte del mismo Estado, entonces la desintegración de la sociedad está a la vuelta de la esquina. Hemos llegado a un punto de no retorno si no existe la menor garantía de que se puede conservar lo que es de uno mismo.
En ese sentido, el peligro ya no pasará exclusivamente por la posibilidad de que abandonar un terreno se convierta en la ocasión de que otro se asiente y se lo apropie ilegalmente. Lo reamente dramático es que el propio Estado sea el que convalide y legitime semejante hecho delictivo. Pero también resulta penoso la inacción de la Justicia, el Poder Judicial debería ser el último de los garantes del Estado de derecho, y sin embargo, nada hace. De esta manera, las usurpaciones de terrenos continúan afianzándose como uno más de los rasgos propios de una decadencia cotidiana que alimenta el Poder Ejecutivo pero que posibilita el Poder Judicial. Mientras tanto, la paciencia de la gente se balancea en un hilo delgado que está a punto de cortarse ante tanto atropello institucional de parte de los poderes del Estado que tendrían que cuidar a la gente, en lugar de desampararla.
