En el proyecto de ley que envió al Congreso, el presidente Javier Milei se reservó para sí la potestad de crear, disponer o eliminar los fondos fiduciarios que acumulan cerca de 2 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) al año. Es decir, una partida de entre 8000 y 10.000 millones de dólares anuales y casi sin controles. Y detalló que buscaría recortar los destinados a los subsidios energéticos, pero potenciaría otro que recaudará las multas que se apliquen a las movilizaciones callejeras.
De ser aprobado el proyecto de ley, Milei se quedaría con el control absoluto de la gran caja de la política de las últimas dos décadas, que el libertario podría utilizar a discreción para atender emergencias económicas en distintos puntos del país, afrontar dramas sociales excepcionales o, como ocurrió durante el kirchnerismo, para subordinar a gobernadores e intendentes.
Las atribuciones que Milei pidió para sí en materia de fondos fiduciarios surge de los artículos 3, 4 y 318 del proyecto de ley que envió al Congreso, entre otras delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional por razones que considera de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta diciembre de 2025.
Así, en el artículo 3 del proyecto, la Casa Rosada pidió que se declare “la emergencia pública” por dos años, plazo que Milei podría prorrogar por su cuenta y por otros dos años –es decir, hasta el final de su mandato-, sin necesidad de requerir otra vez la aprobación del Congreso.
De declararse esa “emergencia pública”, Milei se arrogaría las atribuciones del Poder Legislativo para, según el siguiente artículo del proyecto, el 4, “crear, modificar, transformar y/o eliminar fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal”.
En esa enumeración de fondos fiduciarios que quedarían sujetos a la voluntad de Milei, aclara el propio proyecto, se incluiría a “los destinados a subsidios, revisando su procedencia y destino a los efectos de lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control de la utilización de los recursos públicos”.
En la misma línea, otra cláusula de ese mismo artículo 4 postula que el Ejecutivo impulsaría “una mayor transparencia en la administración de los recursos destinados a asignaciones específicas”, para lo cual “se podrán dejar sin efecto fideicomisos u otros instrumentos” que cuentan con destinos específicos y que podrían “ser afrontados por rentas generales”.
¿Qué significa esto? En la actualidad, tanto la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación como la Oficina de Control del Presupuesto del Congreso computan que existen 29 fondos fiduciarios que, en conjunto, concentran un presupuesto anual cercano a los $1,5 billones.
Creados en su mayoría para financiar obras públicas específicas o subsidiar energía y transporte, la lista de fideicomisos incluye de todo. Desde fondos más conocidos como el “Procrear” para la construcción de viviendas familiares o “de Infraestructura Hídrica”, a los de “Integración Socio Urbana”, “Manejo del Fuego”, “Estabilizador del Trigo Argentino” o “para el Desarrollo Provincial” o “para la Recuperación de la Actividad Ovina”, entre otros.
Los controles reales sobre esos fondos fiduciarios son, sin embargo, entre escasos e inexistentes. La Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN) sólo controlaron a 12 de esos fondos, algunos de ellos una sola vez y hace más de 10 años, en tanto que los responsables de esos fideicomisos retacean, incluso a la Secretaría de Hacienda, información que debería ser pública.
Esa opacidad informativa quedó expuesta en un reporte sobre el panorama actual de los fondos fiduciarios que la Oficina de Presupuesto del Congreso difundió en enero de este año: “No todos los fiduciarios reportan el detalle de las transferencias que realizan a los beneficiarios, sean estos públicos o privados”, alertó.
Creados por Carlos Menem en 1994, los fondos fiduciarios se expandieron con cada gestión, aunque Néstor Kirchner les dio nuevos bríos en 2004, cuando los incorporó al artículo 8 de la Ley de Administración Financiera (24.156); para expandirse otra vez una después, cuando Cristina Kirchner los agregó al Código Civil. De ese modo, si manejaban 1,2% del PBI en 2012, en la actualidad disponen el doble de recursos.
Ahora, sin embargo, Milei podría pasar la motosierra por algunos de esos fideicomisos, en tanto que al menos uno se fortalecería. ¿Cómo es eso? El proyecto de ley ómnibus que la Casa Rosada remitió ayer al Congreso busca hundir el bisturí sobre, en particular, los “fondos fiduciarios del sector energético”, considerados decisivos en la estructura de subsidios que rige en el país desde hace décadas.
Así lo propone en el artículo 318, que hasta el 31 de diciembre de 2025 facultaría al Ejecutivo a “crear, modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, inclusive los destinados a subsidios, revisando procedencia y destino de los mismos”, en teoría con el objetivo de “garantizar una mayor eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos”, como también “en el control al momento de su implementación y aplicación”.
Por el contrario, el articulado mismo del proyecto plasma en los hechos una de las prioridades centrales de Milei desde que asumió el 10 de diciembre. Detalla que sólo un fondo fiduciario tendría garantizada su supervivencia. ¿Cuál? El “Fondo de Integración Socio Urbana”. ¿Por qué? Porque, según lo prevé el artículo 338, sería el fideicomiso que recibiría lo recaudado de las multas que se apliquen a aquellos manifestantes y organizaciones sociales que corten la vía pública o entorpezcan los servicios de transporte.
