Sigue vigente, no obstante, la orden de captura que pesa sobre la tercera imputada: una arquitecta de 42 años que habría reproducido el rumor en un grupo privado de WhatsApp. Según corroboró La Nación con el fiscal del caso, Walter Rondón, y con la propia acusada, Lucía González, la orden de detención contra ella la dictó el 26 de enero pasado el juez Pablo Pullen Llermanos, el mismo que mantuvo presos a Nahuel Morandini y Roque Villegas, y que hoy ordenó sus liberaciones.
La orden de hacer cesar “de inmediato” las prisiones preventivas fue dispuesta en una audiencia esta mañana, pasadas las 10. Esa audiencia no estaba prevista la semana pasada. Fue convocada ayer, domingo, a pedido del fiscal. “Me llegó la notificación a las 23 de ayer”, dijo Marcos Aldazabal, abogado de Morandini.
¿Cómo argumentó el fiscal su cambio de opinión? Según manifestó, ya no hay “riesgo procesal” que justifique mantenerlos presos porque él ya presentó su requerimiento de elevación a juicio y las pruebas ordenadas ya están reunidas, dijeron fuentes que participaron de la audiencia. En rigor, nada de esto es nuevo. El requerimiento de elevación del fiscal es de hace nueve días y el contenido de los teléfonos, prueba central para sostener las acusaciones, está en el expediente desde hace semanas.
La causa, que seguirá adelante, se inició por una denuncia de Tulia Snopek el 4 de enero pasado. Un día más tarde, fueron detenidos Morandini y Villegas. Los tres están acusados de delitos que, sumados como pidió el fiscal, los podrían dejar en prisión hasta ocho años: lesiones psicológicas (a Snopek) y afectación a la identidad de una menor (la hija de Snopek y Morales, de dos años).
En la audiencia de esta mañana, el fiscal pidió las liberaciones, pero solicitó que, como “regla de conducta”, se les impidiera a los acusados hablar de la causa. Los defensores se opusieron: dijeron que era un derecho constitucional poder referirse al caso. También las querellas reclamaron que se les prohibiera a los imputados hacer manifestaciones sobre el expediente y sus víctimas. El representante del Consejo Provincial de la Mujer, que depende de la provincia de Jujuy (cuyo gobernador, Carlos Sadir, responde a Gerardo Morales), cuestionó además la difusión que el avance de la causa tuvo durante los últimos días en los medios de comunicación.
