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Ordenaron el desalojo de un predio tomado en Tafí del Valle

El terreno, ubicado en El Lamedero, había sido cedido durante un convenio por el ex cacique, pero más de 20 personas habían decidido usurparlo.

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La jueza Luciana Eleas, del Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la Nominación de los tribunales de Monteros, ordenó a la Comunidad Indígena del Pueblo Diaguita de Tafí del Valle, restituir a sus propietarios unas cinco hectáreas usurpadas en el paraje El Lamedero (Las Tacanas). La resolución fue librada en el marco de la causa que iniciaron los sucesores de Ángel María Salas (que disponen de la titularidad del inmueble) contra la organización de originarios.

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Lo hicieron con el objeto de que la justicia ordene la ejecución del convenio de mediación del ocho de abril pasado y mediante el cual la comunidad había reconocido que no tenían derechos posesorios, de propiedad comunitaria o ancestral sobre ese inmueble. Aunque el acuerdo se puso en práctica ese mismo día, el 15 de mayo, unos 20 originarios ocuparon ilegalmente la propiedad, aduciendo pertenecerles por derechos ancestrales.

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Ahora la jueza reivindicó el acuerdo y la facultad que tenía en su momento el entonces cacique Santos Pastrana que fue uno de los que avaló el convenio. El letrado Patricio García Pinto, en representación de los sucesores de Salas, luego de la usurpación radicó en el Centro Judicial de Monteros el pedido de ejecución de sentencia. Ante la magistrada hizo hincapié en el hecho de que, en el convenio de mediación, “la comunidad decidió y reconoció que carecía de derechos de carácter comunitario, posesorios, ancestrales ni de ninguna especie sobre el inmueble”.

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Observó además que “en la cláusula quinta se estableció que en caso de que cualquiera de las partes firmantes del convenio impidiera el cumplimiento del mismo, obstruyendo o turbando de cualquiera manera el libre ejercicio del derecho de posesión de sus mandantes, se podría denunciar el incumplimiento ante el juez a los fines de que dicte la orden judicial de desalojo o lanzamiento, con auxilio de la fuerza pública, restituyendo la posesión del inmueble a sus mandantes”.

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En nombre de la comunidad indígena el convenio fue firmado por el entonces cacique Santos Pastrana, el que posteriormente fue destituido en asamblea comunitaria. En su lugar fue designado Santiago Lindor Mamaní. Este, con el patrocinio del abogado Roni Troncoso Leiva, interpuso ante la justicia un recurso de “excepción de inhabilidad de título” y recusó sin causa a la jueza.

Planteó que el acuerdo de mediación “fue celebrado en violación del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional porque se realizó con respecto a un inmueble cuya posesión y propiedad tradicionalmente ocupa la comunidad y que por lo tanto no puede ser objeto de transacciones”. Refirió además que el anterior cacique Pastrana “carecía de legitimación para disponer del territorio ancestral relevado de acuerdo al procedimiento que establece la ley 26160 y dispuso a título propio sobre derechos ancestrales que pertenecían a la comunidad”.

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Por último, aprovechó la ocasión para añadir que el ex jefe comunitario “violó el estatuto de la comunidad en razón de que las únicas autoridades comunitarias (conforme el artículo 8 del Estatuto) son las asambleas generales y del Consejo de Delegados integradas por los delegados de cada comunidad. Insistió que el ex cacique “actuó en contra de los intereses de la comunidad y faltó a su función”.

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