Tucumán padece como pocas provincias de la Argentina los contagios y las muertes que trajo consigo la pandemia mundial de coronavirus. Sin embargo, acaso no sea ese el peor de los males que la aquejan como sí lo constituye la grave crisis institucional en la que se encuentra sumida a causa de la aparente confabulación entre el Poder Ejecutivo, la Legislatura y la Corte Suprema para castigar a Enrique Pedicone por osarse a evidenciar semejante irregularidad.
En ese marco, todos los caminos parecen conducir al camarista a la destitución que ejecuta el titular de la Cámara legislativa, Osvaldo Jaldo. Y es que pareciera que el también vicegobernador de Tucumán decidió ponerse al hombro la defensa del vocal de la Corte, Daniel Leiva, debido a que actúa como si fuera el abogado del juez denunciado por Pedicone, bajo la acusación de tráficos de influencias, coacción y violación de los deberes de funcionario público.
Al respecto, es la misma apreciación que manifestó el abogado defensor de Pedicone, el Dr. Arnaldo Ahumada, quien dijo que Jaldo incurre nuevamente en una extralimitación de sus funciones. Y es que el presidente de la Legislatura manifestó que el juicio que se le realice al camarista debe llevarse a cabo con el secretismo de los escritos y sin público. Todo lo contrario que pide el denunciante de Leiva, quien pidió que su exposición sea fuera oral.
Sin embargo, cegado por la venganza, Jaldo desconoce que, tal y como lo indicó el Dr. Ahumada, la propia constitución provincial que invoca el vicegobernador para obligar a Pedicone al secretismo, otorga categoría de leyes aplicables y operativas a los tratados y convenciones internacionales que avalan la posición de la defensa del camarista. Nada de eso importa cuando de proteger al vocal de la Corte denunciado se trataría.
La apuesta de Pedicone de celebrar una audiencia pública ante la presencia de los legisladores en el marco de los siete pedidos de juicio político y expulsión, apunta al hecho de que el trámite reciba la máxima exposición en una audiencia oral y pública. Por su parte, Jaldo se niega a esta posibilidad y dijo que si el camarista quiere audiencias públicas, las tendría que hacer con familiares de víctimas de la inseguridad.
Sin embargo, la defensa de Pedicone no se niega a la posibilidad de que los supuestos damnificados forman parte del debate oral y público en contra del camarista. En ese sentido, el Dr. Ahumada ratificó que todas las audiencias deben ser orales y públicas, con participación esencial de las víctimas, los interesados y los medios de comunicación. Pero, a su entender, esa no es la intención de Jaldo, a quien acusó de marcarles la cancha a los legisladores. Un accionar al que calificó de “patoteada” en pos de hundir a Pedicone y salvar a Leiva. Y es que la intención del titular de la Legislatura es que la defensa del camarista ante la comisión de enjuiciamiento sea por escrito. De esta manera, se corrobora una vez más que la intención del poder político en Tucumán apuntaría a que siga reinando el obscurantismo que sólo beneficia a los poderosos, como lo expresó el Dr. Ahumada.
