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Se cumplen dos años del día en el que salió a la luz la “selfie de la impunidad”

El resultado final que dejó la foto del Olivosgate fue terminante, porque gran parte de la sociedad sintió que no todos somos iguales ante la ley con un poder de turno que nos hizo sentir ciudadanos de segunda.

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La fiesta VIP en Olivos. Alberto Fernández y Fabiola Yáñez en la cena de su cumpleaños en plena cuarentena (Foto: Archivo).

Hoy se cumplen dos años de esa reunión que, para muchos, terminó siendo una suerte de oprobio a la sociedad, con un resultante de impunidad que aún golpea en la cara de todos los argentinos. Eran épocas donde Alberto Fernández hacía comparaciones absurdas sobre el manejo de la pandemia de coronavirus, que nos ubicaba infundadamente como ejemplo en el mundo.

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Los resultados finales del manejo de la pandemia demostraron que fuimos parte del grupo de países que adoptaron las estrategias más equivocadas, manchadas con hechos de corrupción aberrantes, como el vacunatorio vip, sesgada por privilegios inmorales y que lastimó profundamente la razón de una sociedad que perdió vidas de seres queridos sin poder acompañarlos ni despedirlos; se quedó sin trabajo, sufrió penurias económicas, etc.

Y lo peor, que alguna vez debe ser investigado: fue víctima de flagelos y violaciones a los derechos humanos y civiles, que dejaron 23 muertes, según informes que manejan diputados opositores, persecuciones, violencia policial, apremios ilegales y torturas. Mientras todo esto pasaba, en Olivos sucedían cosas, desfilaban peluqueros, coloristas, amigos, hasta la mascota del Presidente, Dylan, tenía clases de adiestramiento.

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Al mismo tiempo, 11 millones de alumnos tenían que hacer malabares por zoom para educarse con los perjuicios que esto trajo para ellos, los docentes y las familias. La foto del llamado Olivosgate es una suerte de “selfie de la impunidad”, constituyó un agravio para los ciudadanos y puso en evidencia la incapacidad del gobierno para reconocer a las víctimas como personas poseedoras de una identidad respetable y merecedoras de reparación por los daños sufridos.

La resolución que le dio la justicia también colaboró en demostrar la incapacidad del Estado para asegurar las condiciones de su propia legitimidad por vía de la garantía del Poder Judicial. Todos fuimos las víctimas, directas o indirectas, de los delitos nombrados, y asistimos azorados a la impunidad de quienes marcaban las normas y establecían reglas de juego, así experimentamos pena, rabia o indignación, etc.

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Es que el resultado final que dejó la foto del Olivosgate fue terminante, porque gran parte de la sociedad sintió que no todos somos iguales ante la ley con un poder de turno que nos hizo sentir ciudadanos de segunda, exponiendo un comportamiento de casta poderosa y privilegiada, con derechos que colisionan con el sentido republicano que debe imperar en democracia. El Presidente no colaboró, primero negando los hechos, luego culpando a su esposa.

Así fue que su credibilidad y palabra entraron en un tobogán que aún no encontró su piso y generó una gran desconfianza, no solo hacia su figura política y su gobierno, sino también a las instituciones, que termina siendo lo más grave de todo este asunto. La justicia, tan vapuleada por el kirchnerismo, quedó expuesta y deslegitimada por la manera en como el juez Lino Mirabelli resuelve la situación.

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De esta manera a muchos de nosotros nos quedó el convencimiento que, durante el control de la pandemia, no solo falló el gobierno, sino que también fracasaron las fuerzas de seguridad, los fiscales y los jueces, que fueron vistos como cómplices de la arbitrariedad imperante que el gobierno nos enrostraba diariamente y que se evidenciaron con los privilegios en el orden de la vacunación.

Un escándalo que fue mucho más que los 40 vacunados vip que reconoció el gobierno en su momento. Por todo esto, la foto del Olivosgate fue algo más que una imprudencia o un error del Presidente y su círculo íntimo. Esa imagen dejó expuesto, como un eslabón más en una cadena de acciones abusivas, que cuando las decisiones institucionales no son respetadas y ejercidas por nuestros representantes terminan no ofreciendo a los ciudadanos certidumbre sobre la aplicación equitativa de las leyes y su eficacia para la construcción del orden público.

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