Una jueza célebre por su estilo volátil y su propensión a conflictuar las relaciones con sus colaboradores será sometida a un sumario administrativo por decisión de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Rita Romano, titular del Juzgado de Documentos y Locaciones N°5 de esta ciudad, enfrentará la investigación interna luego de años de estresar al personal y de expelerlo. Los vocales Daniel Posse (presidente), Antonio Estofán, Claudia Sbdar, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos advirtieron en la Acordada 1.318/19 que las condiciones laborales negativas se mantenían firmes, y ordenaron la dilucidación de la responsabilidad de la magistrada a los fines de evaluar la aplicación de medidas disciplinarias.
En la perspectiva de los vocales pesó el hecho de que un número significativo de agentes no quería saber nada con quedarse en el Juzgado N°5. “La situación plasmada en las actuaciones que dieron origen a la Acordada 1.432/16 continúa vigente. Se reactivaron los patrones de interacción disfuncionales capaces de generar un estado de agotamiento psicofísico en funcionarios y empleados, lo que consecuentemente se traduce en pedidos de traslado masivos ante la imposibilidad de modificar la situación”, expresaron.
La decisión de la Corte carece de un antecedente directo en el pasado reciente aunque en el Poder Judicial son comunes las versiones de jefes abusivos y de hostigamientos laborales. Los vocales dispusieron que el sumario de Romano sea instruido por la secretaria de Superintendencia, Gabriela Blanco, con la supervisión del camarista civil y comercial Alberto Acosta. Según trascendió, la prueba clave será el dictamen que una junta médica elabore sobre las condiciones físicas y psicológicas de Romano. Esa jueza accedió a su cargo en 2012 por una designación del ex gobernador José Alperovich, luego de ganar el concurso público organizado por el Consejo Asesor de la Magistratura. Dos años después, un empleado denunció que Romano le había faltado el respeto y que lo había amenazado por colocar el cargo de recepción a solicitudes de pronto despacho. Esta fue una de las primeras señales de alarma sobre el manejo del Juzgado N°5 que recibió el alto tribunal (se informa por separado).
El malestar siguió escalando hasta el punto de que, en 2016, la Corte recomendó a Romano “extremar los recaudos y medios necesarios” para el abordaje de la problemática planteada mediante la Acordada 1.432. Los vocales Antonio Gandur (falleció en diciembre), René Goane (renunció este año), Estofán, Sbdar y Posse ordenaron la emisión de un informe mensual sobre los avances durante un semestre. Además, dispusieron la implementación en el Juzgado N°5 del aconsejamiento de la Oficina de Gestión Judicial, y la realización de entrevistas a la totalidad de los empleados y funcionarios por parte de la Dirección de Recursos Humanos con la presencia de un psicólogo. Los resultados de esa última medida debían observar el anonimato y constar en un informe. La recomendación y las demás acciones promovidas por la Corte hace tres años fueron interpretadas como una agresión a la independencia judicial por parte de la Asociación de Magistrados de Tucumán que entonces presidía el defensor oficial Roberto Paz.
La Acordada 1.318 del 29 de octubre de 2019 toma como referencia el acto administrativo que la Corte dictó en 2016. El plazo otorgado para cumplir las directivas no surtió los efectos esperados: Posse, Estofán, Sbdar, Leiva y Rodríguez Campos expresaron que, en el presente, “nuevamente existían numerosos pedidos de traslado” de funcionarios y empleados que prestan servicios en el despacho de Documentos y Locaciones N°5, tanto del turno matutino como vespertino. “Cabe resaltar que el común denominador de las referidas solicitudes es el trato ofensivo diario por parte de la titular del Juzgado”, precisaron.
Las tensiones del Juzgado de Romano quedaron reflejadas en actuaciones de oficinas de apoyo del alto tribunal. Sus integrantes acotaron que el 21 de octubre de 2019, la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Psicología Laboral les informaron sobre la existencia de “nuevos hechos” relacionados con reiteradas situaciones que evidencian un clima laboral adverso en la unidad judicial en cuestión. Estos monitoreos llevaron a la Corte a concluir que era necesario pasar al sumario administrativo.
El desenlace de la investigación interna puede establecer un antes y un después en un Poder Judicial todavía muy impregnado por el temor reverencial, donde está extendida la idea de que “el hilo se corta por la parte más débil” y de que las denuncias pueden volverse en contra de quienes las impulsan si están en condiciones de inferioridad jerárquica. Las dificultades y excesos advertidos en los últimos años en la gestión de los grupos de trabajo llevaron, en paralelo, a la Legislatura a incorporar un examen psicológico en el proceso de preselección de jueces, fiscales y defensores oficiales cuya implementación ha de ser reglamentada por la próxima conducción del Consejo Asesor de la Magistratura.
