Los concejales de Yerba Buena Héctor Aguirre y Alejandro Sangenis presentaron una denuncia por malversación de caudales públicos por parte del Poder Ejecutivo en el Municipio de Yerba.
A su vez, Aguirre y Sangenis solicitan al presidente del Honorable Concejo Deliberante de Yerba Buena, Rodolfo Aranda, que se realice a la brevedad una sesión extraordinaria para abordar este tema.
El Expte. 159/23 que ingresó al Concejo Deliberante con la denuncia, manifiesta textualmente: “Sucede que, al menos, se han cometido dos faltas que deben ser evaluadas para establecer las responsabilidades administrativas, toda vez que en ambas situaciones se ha omitido cumplir con la legalidad de las relaciones entre el ejecutivo y el H.C.D”. “Existe no sólo responsabilidad administrativa, sino una grave responsabilidad política que importa una conducta reprochable, impropia de una gestión legal y constitucionalidad y que, como se verá, se encuentra encuadrada en la violación de los deberes de funcionario del público”.
Continúa la presentación, el decreto 994/2022, decide modificar el presupuesto aprobado para el año 2022 y decide la transferencia entre cuentas parciales de las partidas principales N°52 y 12 de erogaciones del presupuesto municipal. Y que importa detraer de la cuenta Obra Pavimento y Bacheo y Servicios de Recolección (partida 52) a la cuenta de honorarios y retribuciones y programas sociales por un importe de $155.000.000 millones, sin conocimiento y por supuesto sin anuncia del H.C.D., como era su obligación principal.
“Esta grave anomalía administrativa, resulta lesiva, no sólo de la legalidad administrativa del municipio, sino que se encuentra en conflicto con la ley de administración financiera de la provincia por lo que su ilegalidad resulta doble y manifiesta”.
En el punto 3 de la denuncia, los concejales manifiestan “esta grave transferencia ilegal, se pretende tardíamente purgar con el decreto N°029 de fecha 01/03/23 en la que deja sin efecto el decreto 944, que había ya producido sus efectos y con ella se pretende purgar la irregularidad e ilegalidad antes mencionada”.
“El H.C.D. de Yerba Buena nunca tuvo conocimiento de estas graves irregularidades y por lo tanto no pudo debatirlas y aprobarlas o rechazarlas como eran sus atribuciones y que dejan al descubierto que el ejecutivo actuó con fondos públicos, como si fuese atribución del ejecutivo en clara y abierta violación del sistema legal y constitucional vigente en la provincia”.
“La gravedad institucional se produjo cuando en una medida claramente discutible -se puentea-, o se desconoce que el cambio de partidas presupuestarias no puede realizarse válidamente y menos aún sin consentimiento del órgano de contralor esencial del sistema municipal que es el H.C.D.”.
“Se ha violentado la legalidad municipal y la constitucionalidad en forma abierta y con impunidad”.
La proximidad del proceso electoral de la provincia no es óbice para tratar esta cuestión, repetimos tiene gravedad institucional para la legalidad del municipio y de toda la provincia, concluye la denuncia efectuada por los concejales Alejandro Sangenis y Héctor Aguirre.
