Los concejales peronistas Héctor Aguirre y Alejandro Sangenis hicieron una denuncia penal ayer lunes 1 de mayo de 2023 contra el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, su Jefe de Gabinete, Manuel Courel, el Contador General del municipio, Adolfo Haga y el Secretario de Hacienda local, Hernán Ganen, a quienes acusaron de supuesta malversación de fondos públicos.
Cabe mencionar que esta presentación penal en el Ministerio Público Fiscal tiene lugar luego de lo que fue la presentación para exigir una sesión extraordinaria porque los denunciantes entienden que Campero habría malversado fondos públicos por $155 millones. Sin embargo, no lograron juntar los votos para interpelar al secretario de Gobierno, por lo que ahora se avanzó por la vía judicial provincial y también lo harían en la justicia federal contra el jefe municipal saliente.
Y es que cuestionan que el jefe municipal haya reasignado -por decreto- partidas destinadas para bacheo y recolección a la cuenta de retribuciones y programas sociales. En ese sentido, es necesario dar cuenta acerca de que se trata de dinero que está asignado en el presupuesto y en la ordenanza fiscal anual para diferentes cargos, pero que supuestamente fue usado para hacer contratos con fines electorales por medio del decreto 994/2022 que se firmó el 1 de marzo.
Los denunciantes cuestionaron en su presentación penal que se haya omitido al cuerpo legislativo y hasta hablaron de que se “faltó el respeto”. Además, se exige saber por qué reasignó dineros de bacheo y recolección a la cuenta de retribuciones y programas sociales, si ya se ejecutaron esos fondos y qué destinos se les dieron. Lo cierto es que esto es una clara malversación de fondos, manifestaron en la denuncia.
Esto se debe al hecho de que cuando se aprobó el presupuesto se decía claramente en qué se iban a gastar los recursos de la Municipalidad de Yerba Buena, pero sorpresivamente los denunciados modificaron partidas sacando dinero destinado para diferentes tareas, entre ellas bacheo, cuando el procedimiento correcto es enviar un proyecto de ordenanza para modificar otra norma.
Es por ello que el hecho en sí ameritó la denuncia por malversación de fondos, no sólo en los tribunales ordinarios, sino también en los federales porque no se sabe de dónde provienen los fondos, si son provinciales o nacionales a consideración de que no tienen potestad para hacer lo que hicieron ya que es ilegal, está por fuera de la ley debido a que se quitan fondos que se habían destinado para pavimentación para gastos corrientes.
En definitiva, quedó plasmado en la presentación penal la eventualidad de que se habrían sacado obras de pavimentación para pagos de honorarios de terceros justo en época de campaña, conformando una grave anomalía administrativa que resulta lesiva no sólo de la Legalidad Administrativa del Municipio, sino que se encuentra en conflicto con la Ley de Administración Financiera de la Provincia, por lo que su ilegalidad resulta doble y manifiesta.
