Una jueza que tiene en sus manos la realización del juicio oral y público contra el falso abogado Marcelo D’Alessio -acusado de asociación ilícita, extorsión y lavado de dinero-, expolicías y un exespía pidió tomar recaudos para garantizar la seguridad de testigos e imputados, luego de que en los últimos tiempos se produjeron tres muertes consideradas dudosas por la Justicia en torno a este caso.
El último de estos decesos fue el 19 de enero y se trató de un supuesto custodio de D’Alessio, Eduardo Ariel Menchi, alias “Chispa”, quien apareció con un tiro en la cabeza en su vivienda. La causa esta caratulada como muerte dudosa; está a cargo del juzgado de instrucción 22 y de la fiscalía de Edgardo Orfila. El asunto se investiga como una averiguación de suicido.
Menchi era uno de los acusados en el caso y fue su abogada, la defensora María Laura Ibarra, la que advirtió al Tribunal Oral Federal N° 8, a cargo del juicio oral, que su cliente había fallecido.
La jueza Sabrina Namer, presidenta del tribunal, relacionó este deceso con el sucedido el 21 de septiembre de 2021. La víctima era Carlos Alberto Liñani, imputado en el caso. Su muerte, dijo la jueza, motivada por un “edema encefálico difuso”, se produjo “también en circunstancias dudosas”.
Fue hallado en su departamento de Palermo con las llaves de gas abiertas, encerrado por dentro. Las ventanas estaban selladas con cinto; un tubo plástico estaba conectado a la salida del gas y a una mascara. Lo investiga el fiscal Adrián Guillermo Peres, con la intervención del juzgado de instrucción N° 20 y la caratula es “muerte por causas dudosas”. La jueza Namer sumó un caso donde se investiga un hurto sufrido durante el allanamiento realizado a Liñani en la instrucción del caso D’Alessio.
La última de las muertes en torno al juicio, que aún no tiene fecha de inicio, es la de la mediática Natacha Jaitt, ocurrida el 23 de febrero de 2019.
La autopsia determinó que murió de una sobredosis de cocaína. Ulises Jaitt, hermano de Natacha, pidió ver los antecedentes del caso D’Alessio creyendo que podría surgir algún elemento relacionado con la muerte de su hermana. Entiende que se trató de un homicidio y que esta causa puede aportar algún “nuevo móvil” en torno al caso.
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En el caso D’Alessio hay un legajo que se denominó “Operación Jaitt”, donde se mencionan supuestas actividades de vigilancia que realizó D’Alessio sobre la actriz. Asimismo, la jueza Namer mencionó que hay antecedentes de que otros imputados sufrieron amenazas en sus lugares de detención.
“No puedo dejar de advertir que en el contexto de estas actuaciones existieron distintas muertes violentas y situaciones amenazantes que provocaron sendas investigaciones en diferentes sedes judiciales, que actualmente se encuentran abiertas y en plena producción probatoria”, sostuvo Namer. Advirtió que no podía “omitir la referencia a lo atípico de este tipo de eventos, no solamente por el modo de producción de los decesos sino por la cantidad, en el marco de un expediente relativamente acotado en lo que a cantidad de imputados se refiere”.
En ese sentido, es que les avisó a los jueces y fiscales que intervienen y les pidió los encargados de custodiar a D’Alessio y a otro de los acusados, Aldo Eduardo Sánchez, que tomen recaudos sobre la seguridad de los acusados.
Asimismo, le encargaron a la División de Testigos Protegidos y Objetivos Especiales de la Policía Federal Argentina que tome medidas de seguridad adicionales. También respecto de las personas que están en libertad, siendo monitoreadas con pulseras electrónicas.
El caso D’Alessio fue elevado a juicio oral el 13 de abril de 2022 por el juez Julián Ercolini. Los acusados son además del falso abogado, el exfiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone. Están acusados de diez hechos de extorsiones, espionaje ilegal y lavado de dinero.
Se les imputó haber formado parte de una asociación ilícita que -desde 2016 hasta febrero de 2019- planificó y ejecutó “actividades de investigación, recolección, clasificación, ordenamiento, almacenamiento y análisis de información vinculada a personas, devenir de causas judiciales e integrantes de medios masivos de comunicación”. En forma paralela, “la organización llevó a cabo maniobras extorsivas, intimidatorias y/o coactivas”, según la acusación.
En el caso de Bidone, “proveía a la organización criminal de información solo asequible para organismos públicos respecto de registros migratorios y comunicaciones telefónicas, la que luego era utilizada en el marco de las diversas maniobras pergeñadas”.
D’Alessio está preso en la cárcel de Ezeiza desde el 15 de febrero de 2019 y ya fue condenado, por extorsionar al empresario Gabriel Traficante, a cuatro años de prisión. Bidone recibió 3 años y 8 meses de cárcel, pero la Cámara de Casación anuló el cómputo de esta pena.
Entre los acusados hay dos exagentes de la AFI con prisión domiciliaria y otro acusado, Aldo Sánchez, detenido en el penal de Marcos Paz. Otros imputados son Pablo Bloise, Marcelo Carthy de Gorritti, Mariano Diaz, el oficial de Prefectura Naval Franco Pini y el excomisario de la Policía bonaerense Norberto Degastaldi.
Ercolini, al elevar el caso a juicio, dijo que se lo acusa de recolectar datos sobre Natacha Jaitt, Mirtha Legrand, el exfiscal Eduardo Miragaya, el nieto de Mirtha, Ignacio Viale; el supuesto exespía Raúl Martins, acusado de instalar prostíbulos; Gustavo Vera, exlegislador y fundador de la ONG La Alameda, y el periodista Gabriel Anello. La Comisión Provincial de la Memoria denominó “tareas de contrainteligencia” a estas actividades.
