El próximo 29 de abril debería darse inicio al debate oral y público del juicio por la causa caratulada “Cerisola Juan Alberto y otros s/malversación culposa” expediente 400360/2010, donde el verdadero delito de fondo es el Robo de la Ciudad Universitaria de San Javier a la Universidad Nacional de Tucumán y a todos los tucumanos.
Sin embargo a días del histórico debate, el presidente del Tribunal Oral Federal de Tucumán, Dr. Carlos Enrique Jiménez Montilla, solicitó su inhibición “exclusivamente” para entender y participar durante las audiencias de debate oral y días después, el diario La Gaceta anunció que “habría” presentado su renuncia lo que significaría nuevas dilaciones a cinco años del pedido de elevación a juicio y trece años después de iniciada la causa.
El fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, rompió el total hermetismo en torno a la causa por corrupción más importante de la historia de Tucumán y planteó que la renuncia de Jiménez Montilla no debiera constituir dilación alguna para la pronta realización del juicio, al indicar que los cinco jueces de la Cámara Federal de Tucumán podrían actuar como subrogantes en el Tribunal Oral Federal, que no tiene titular desde la jubilación de Gabriel Casas en 2021 y donde hoy subrogan los jueces Abelardo Basbús, del TOF de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl del TOF de Catamarca.
En diálogo con Ana Pedraza y Gabriel Sanzano en FM LATUCUMANA 95.9, Gómez se refirió a las versiones de renuncia de Jiménez Montilla y respondió: “La verdad es que no lo sé, sé que tenía serios problemas de salud y algunas noticias periodísticas lo daban en ese sentido. Mis colegas no han podido verificar con certeza si ha renunciado o no. Hay gran preocupación porque el juicio de la Universidad y tantos otros que están en el Tribunal Oral no se podrían hacer porque el doctor Jiménez Montilla habría renunciado y tomó esta licencia por cuestiones de salud”.
“La Cámara Federal de Tucumán, nosotros, tenemos jurisdicción territorial en tres provincias: Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca; los jueces de estas tres provincias se pueden subrogar y se subrogan mutuamente ante la ausencia de uno en los tribunales. En el caso de Santiago, el Tribunal Oral tiene tres miembros y la cantidad de juicios que tiene no es nada importante; en Catamarca, si bien nos están faltando jueces en el Tribunal Oral, también pueden ser suplidos desde Tucumán o Santiago del Estero. La Cámara Federal de Tucumán tiene cinco miembros, de los cuáles dos o tres podrían subrogar el Tribunal Oral Federal de Tucumán”, planteó.
Para el fiscal general federal “es preocupante que haya tres vacantes en el Tribunal Oral Federal, la fiscalía del TOF está vacante hace diez años, hay una seria falencia institucional pero eso de ninguna manera puede significar que se va a paralizar el tribunal“, y consideró que “no tendría que haber ningún impedimento en este sentido”. En ese sentido, subrayó que “los roles que jugamos los fiscales en estos casos son muy importante porque tenemos un instrumento legal que son los escritos de pronto despacho y recurso de queja”, y recordó que “el doctor (Pablo) Camuña ya ha presentado recursos de queja por las demorasen este y otros juicios”.
Gómez recordó que “en el TOF hay juicios que han iniciado hace 15 años”, y alertó que “estas demoras, que tienen que ser resueltas, no necesariamente exigen que sea con las designaciones, que tengamos que hacer esas designaciones para hacer esos juicios “, ya que en los tribunales federales “hay muchas causas penales que están para juicios orales y públicos, hay expedientes que datan desde el 2007 en el TOF, especialmente en Delitos Ambientales que es mi leimotiv en mi trabajo”.
“La Cámara Federal de Tucumán es una especie de Corte Suprema de Justicia para tres provincias y tenemos magistrados para ejercer estas subrogancias porque los juicios orales y públicos en el Norte en general no son de una cantidad importante para que no se puedan subrogar unos a otros“, enfatizó.
“Esos fondos debieron destinarse a la Ciudad Universitaria porque así lo impone la ley”
Respecto a la causa en sí, Gómez sostuvo que “es una causa muy compleja”, y destacó que “la labor periodística del sitio de ustedes es por demás muy clara, muy concreta” en alusión a la investigación de eltucumano.com.
El fiscal federal general analizó que “aquí se trató de los manejos de los fondos aportados por el rol de la Universidad Nacional de Tucumán en una empresa minería que recibía la plata de producción de la mina La Alumbrera”, y remarcó que “el manejo de esos fondos ha sido realmente discrecional, se ha tratado de hacer situaciones muy complicadas en el momento de la articulación de esos fondos que debieron destinarse a la Ciudad Universitaria porque así lo impone la ley, no por otra razón“.
“La ley de creación de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio es una empresa del Estado que la UNT integra, disponía que esos fondos eran para la Ciudad Universitaria y no fue así, sino que incluso se cometieron delitos de estafa: se contrataron empresas que sobrefacturaron y dieron un valor por construcciones que se han hecho en el resto de las facultades que no se ajustaban con la verdad de los precios que implicaban”, manifestó.
Respecto al proceso judicial, indicó: “La causa penal se ha dividido en dos: por un lado esto que estamos hablando de los manejos de fondos que hizo el Rector y el cambio de destino de los fondos, incluso la aplicación de ese dinero que se recibía en algunas cuevas financieras, etcétera; y por otro lado lo que significó la sobrefacturación de las empresas, razón por la cual hay más de una decena de empresarios de distintas empresas constructoras procesados”.
Sobre su actuación en la causa, recordó que solicitó las citaciones a indagatorias y posteriores detenciones de autoridades universitarias como el secretario general del Rectorado, José Hugo Saab; del director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro; y de la exvicerectora María Luisa Rossi de Hernández.
“Yo he pedido incluso las prisiones preventivas porque obviamente la influencia de las autoridades universitarias que están en libertad todavía existe en el campo de una investigación como ésta, o en el de un juicio oral y público, y esto afecta seriamente la posibilidad de la producción de la prueba que esperamos tanto en la primera instancia como en el Tribunal Oral“, remarcó. Gómez lamentó que “hay un campo de delito y un grupo de imputados que en este ni en el otro expediente han sido siquiera mencionados, excepto por mis dictámenes”.
“Ahí tenemos una falencia porque justamente hace a la esencia central del delito: quiénes son aquellos que autorizaron este cambio de destino del dinero que iba a ser para la construcción de la Ciudad Universitaria y salieron a decir que se podía utilizar con otro destino“, manifestó.
El fiscal federal general afirmó que “ese es el origen de los delitos que ahora se esparcen en el marco de estos dos expedientes: desde asesorías legales, pasando por integrantes del Consejo de la Universidad que también ha sido parte de estas cuestione, aprobando los balances que se iban presentando en aquellos años”.
Gómez también se refirió a las posibles maniobras dilatorias que apunten a postergar el inicio del juicio, fijado para el próximo 29 de abril: “Tengo entendido que la fecha se mantiene, no es nada complicado que la Cámara Federal de Casación Penal el día de mañana le diga a una de las juezas que asumió recientemente en el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero que se traslade a Tucumán para hacer se juicio”.
“También es posible que uno de los jueces de la Cámara Federal de Tucumán participe de este juicio, no es nada imposible de decidir, pero va a depender mucho de la labor que tenga que desarrollarse aquí en Tucumán y en la Cámara Federal de Casación Penal”, reveló.
Antonio Gustavo Gómez fue apartado de la causa a partir de un pedido de recusación interpuesto por el fiscal Carlos Brito: “La recusación me la hizo el doctor Carlos Brito, quien sostiene un grado de enemistad conmigo que al parecer dificulta la acción del Ministerio Público, yo creo que no es así”, detalló.
“Yo no tengo ninguna enemistad con él, discrepo seriamente en éste y otros expedientes, y esa discrepancia ha quedado clara en cada uno de mis escritos pero eso no significa que esté peleado con él ni con nadie. Si la Cámara Federal ha interpretado eso como un obstáculo para el sistema de administración de Justicia está claro que no lo es: los hechos, los recursos de apelación que ha interpuesto el doctor Brito, son mantenidos por mi expreso agravios a favor de la postura del doctor Brito y de manera alguna puede sostenerse como ha dicho la Cámara Federal en un entorpecimiento en el servicio de administración de Justicia”, aseveró.
“Tenemos criterios distintos y esto hay que tratar de entender: hay imputados que yo sostengo que se deben citar a prestar declaración indagatoria, pero esto es una decisión de Carlos Brito y no la mía. Yo puedo llegar a decir ante la Cámara que ordene las citaciones a indagatoria, pero si la Cámara entiende que no corresponde y en eso coincide con Britos, punto, yo no tengo nada más para decir y no puedo decir otra cosa”, aclaró. En ese sentido, recordó que “el doctor Brito es parte de muchos expedientes con recursos de apelación que hacen las defensas y no me ha recusado”.
El pedido de inhibición de Jiménez Montilla
“Solicito mi inhibición exclusivamente para entender y participar durante las audiencias de debate oral.- Solicitando que en el presente, se aplique subsidiariamente la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual las causales de la recusación y, consecuentemente las de la inhibición, no deben limitarse taxativamente a lo previsto en el art. 55 del CPPN, y deben admitir otros motivos que hicieren temer que un magistrado no está en condiciones de efectuar su tarea de la forma que se requiere ( fallos: 328:1491)”, consignó el magistrado en su solicitud fechada el pasado 8 de Marzo.
Rumores de renuncia del juez Jiménez Montilla
“Según trascendió, el juez Carlos Jiménez Montilla pidió una licencia de seis meses por razones de salud, pero al mismo tiempo entregó su renuncia supeditada a los trámites de jubilación que ya inició“, indicó días atrás el diario La Gaceta.
El fiscal federal Pablo Camuña se hizo eco de esa publicación, la compartió en redes sociales y añadió: “Si bien no ha sido oficializado aun en los procesos, habría renunciado el único juez titular del TOCF Tucumán, Carlos E. Jiménez Montilla. Queda una gran demora en las causas elevadas a juicio, que se acumulan desde 2020/21“.
Entrevista completa al fiscal federal Gustavo Gómez en FM latucumana
