Argentina tuvo uno de los cierres de escuelas más prolongados del mundo durante la pandemia con consecuencias devastadoras en el abandono escolar y la pérdida de aprendizaje, siendo los sectores vulnerables los más golpeados. Aun cuando, desde el comienzo, los organismos internacionales anunciaban las consecuencias y pedían a los gobiernos que previnieran la “catástrofe generacional” que implicaba privar a los niños y jóvenes del derecho a la educación, acá se insistió en una política de privación.
Ahora, ya instalada la peor crisis del sistema educativo argentino, estamos iniciando un nuevo año sin datos y sin plan. El discurso oficial habla de “presencialidad plena” y pasaron semanas discutiendo los protocolos de reapertura, cuando todas las actividades sociales se han reanudado sin tantas vueltas. Los vericuetos argumentativos, las infinitas reuniones, las giras por provincias capturadas en fotos idénticas registran el “trabajo de gobernar la reapertura”.
Bastarían tres o cuatro indicaciones claras y fundadas en evidencias (que sobran en el mundo) para que cada escuela, con la responsabilidad que le cabe, organice el inicio de clases. ¿Al servicio de qué están estos gestos sobreactuados de gobierno? No hay datos. No se sabe exactamente cuántos alumnos quedaron desvinculados de la escuela y cuán profundas han sido las pérdidas de aprendizaje y los daños emocionales por la privación de escuela.
Ahora, la medida es la conformación de un Fondo Nacional de 5.000 millones de pesos para revincular a los alumnos de las 24 provincias bajo el Programa “Volvé a la Escuela”. Ese fondo equivale aproximadamente a 50 millones de dólares oficiales, si son un millón los chicos que abandonaron corresponde a 50 dólares por alumno, si son 500 mil chicos, el gobierno estaría destinando 100 dólares por alumno.
Nada, si se tiene en cuenta que reinsertar a un alumno en el sistema educativo requiere recursos humanos, materiales, tecnológicos específicos que acompañen por lo menos tres años el proceso de inclusión. Este simple cálculo sirve para mostrar en metal cuánto importa la educación, cuánto se pone para que “todos, todas, todes” vuelvan a la escuela. En cambio, según datos oficiales, el gobierno destinó en 2021 cerca de 50 mil millones de pesos para financiar el Plan Pre Viaje.
Subsidiando el turismo nacional. Diez veces más recursos para volver a las vacaciones que para volver a la escuela. El Ministro de Turismo reconoce que es la política más importante para la industria del Turismo y afirma que se “redistribuyeron recursos con perspectiva federal”, a pesar de que los datos indican el 80% de las compras anticipadas se realizaron en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, donde probablemente los sectores medios informados pudieron beneficiarse.
La generación de estudiantes COVID está en riesgo de perder unos 17 billones de dólares estadounidenses, en valor actual, del total de ingresos que percibirán durante toda la vida, o cerca del 14 por ciento del PIB mundial actual, como consecuencia del cierre de las escuelas durante la pandemia, según un nuevo informe publicado a fines de 2021 por el Banco Mundial, UNESCO y UNICEF. El pronóstico es más grave que las estimaciones calculadas en 2020.
La manta es corta y por eso las prioridades del Gobierno son tan importantes. Es poco probable que los chicos que perdieron su conexión con la escuela durante la pandemia, que son los más vulnerables en una sociedad donde la mayoría de los niños y jóvenes ya son pobres, se hayan ido de vacaciones a Ushuaia, El Calafate, Iguazú, Villa La Angostura que fueron entre los destinos más elegidos por el PreViaje.
Sus destinos han sido otros: hacer changas, deambular sin rumbo, cuidar hermanos o hijos, volverse soldaditos de la droga, limpiar la casa, buscar el mango, como sea, para comer. Sin políticas de rescate, esos destinos serán cada vez más oscuros. Los de ellos y los de todos. Porque en la educación reside el capital social y económico de toda la sociedad.
