Las estadísticas oficiales confirmaron que en junio hubo un achicamiento real de algunos ítems del “gasto primario” del Estado nacional (como el pago de la Asignación Universal por Hijo, AUH, y jubilaciones) pero, a su vez, hubo otros gastos que crecieron en relación al sexto mes del año pasado. Entre ellos, se encuentran los recursos destinados a salarios, que aumentaron 4,64% en términos reales. Lo mismo ocurrió en la mayoría de las jurisdicciones provinciales.
En parte, ese escenario se explica por el agrandamiento de la planta de personal del Estado. Según datos publicados por el Ministerio de Trabajo de la Nación, en mayo de este año se contabilizaron 3.429.784 asalariados en el sector público del total país, un 2,3% más que en igual mes del 2022. De acuerdo a los datos históricos, ese fue el valor más alto alcanzado en el último decenio, por lo que se rompió incluso el récord de diciembre de 2022, cuando se había llegado a 3.424.983 asalariados públicos.
Ahora bien, ¿cuántos pertenecen realmente a la administración nacional? De acuerdo al informe de “Dotación de personal” del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en junio de este año la planta de trabajadores llegó a las 342.678 personas, el valor más alto desde que comenzó a publicarse la medición, en julio de 2022. Ese número incluye a quienes trabajan directamente en la administración central, pero también a quienes se desempeñan en empresas y sociedades dependientes del Estado.
Los resultados, claro está, contrarían el objetivo propuesto por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, cuando lanzó la publicación del informe de dotación de personal, el 30 de septiembre pasado. “Tal como me comprometí hace 59 días cuando asumimos en Economía, a partir del día de hoy a las 16 horas, en la página del Indec podrán ver la información de Empleo Público de la administración central y de las empresas descentralizadas”, expresó entonces en su cuenta de Twitter.
“Este informe de acceso público se actualizará mes a mes con las presentaciones de las declaraciones juradas y permitirá controlar que nadie viole el compromiso de no aumentar el personal de la administración pública nacional y sus empresas, salvo cuestiones operativas explicadas”, subrayó el ministro.
En ese sentido, desde el Gobierno precisaron -al oficializarse la medida- que la decisión de congelamiento incluiría “las contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y de trabajo eventual previstas en los artículos 90, 92 ter, 93 y 99, respectivamente, de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744″.
También estarían contempladas las “contrataciones bajo el régimen de locación de servicios en forma individual”; y “la contratación de empresas dedicadas a la prestación de servicios eventuales, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo”.
Sin embargo, el Estado aclaró que no estarían alcanzadas por dicha prohibición “las contrataciones de personal por circunstancias de estacionalidad o requerimiento de producción debidamente acreditado, de acuerdo a las particularidades de cada empresa o sociedad”.
Los resultados publicados por el propio Gobierno demuestran que la planta de personal no sólo no se congeló, sino que siguió avanzando en los últimos meses. La misma tendencia siguieron las provincias y municipios, tal como lo demuestran las últimas estadísticas del Ministerio de Trabajo de la Nación, aunque los datos relevados en el total país no especifican si los nuevos trabajadores se desempeñan en las administraciones centrales o si fueron contratados por empresas vinculadas a los respectivos estados provinciales.
Lo que sí está claro es que la cantidad de asalariados totales del Estado alcanzaron un nuevo pico a nivel país en mayo. No ocurrió lo mismo en las otras categorías del trabajo registrado. De acuerdo al Ministerio de Trabajo, el empleo privado sigue creciendo en las comparaciones interanuales, pero hoy se encuentra por debajo del techo de marzo de 2023, cuando se llegó a un total de 6.371.579 asalariados privados formales.
