La polémica por la implementación del estacionamiento pago en las calles de San Miguel de Tucumán continúa a pesar de que se encuentra suspendido hasta nuevo aviso debido a un complot orquestado entre el alfarismo y la empresa Tecno Agro Vial. El mismo consiste en un ataque sistemático a la Justicia por medio del intento de confundir a la sociedad y hasta al mismo Poder Judicial.
En ese marco, por medio de un escrito presentado por el abogado Mario Racedo, la empresa adjudicataria de ese servicio solicitó ante la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que se le conceda intervención en el expediente 435/22, iniciado a partir del planteo formulado por Fodecus (Federación de Organizaciones en Defensa de los Consumidores y Usuarios). La intención espuria está más que clara.
Y es que la firma prestataria requirió además que la Justicia provincial revoque la medida mediante la cual se suspendió la vigencia del estacionamiento pago en la Capital. La excusa pasa por el hecho de que aducen desde la empresa que la decisión representa en los hechos “una verdadera cautelar” y genera “a nuestra parte gravosas consecuencias”. Lo que en realidad pretenden es que se dé marcha atrás con esta decisión.
Y es que la empresa cuestionó la legitimidad de Fodecus para actuar en este expediente, al sostener el estacionamiento pago “que no involucra la afectación de derechos de los consumidores y usuarios”. Par ello, se vale de una mentira gigante cuando señalan que al momento de haberse firmado la adjudicación del servicio con la Intendencia que conduce Germán Alfaro (PJS), la firma “no se encontraba en concurso preventivo”.
Sino que “estaba en la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo”, y que tal proceso “había finalizado”. Al respecto, incluso tuvieron el descaro para asegurar que “resultó totalmente regular la presentación de las declaraciones juradas en las que se indicaba que no había impedimentos para ofertar y su aceptación por parte de la administración municipal”, argumentó la empresa.
Lo cierto es que desde la empresa continúan en la negativa presentando revocatorias mintiendo a la sociedad que no se encontraba en concurso al momento de la licitación. En esa línea, lo que hacen es desconocer el Boletín Oficial de la Nación por cuanto el mismo señala en la página número 75 donde puede leerse claramente la publicación acerca de que recién el 14 de marzo del 2022 el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°10, Secretaría 19, en los autos: “TECNO AGRO VIAL SA S/CONCURSO PREVENTIVO” (Expte N°111833/2002), dictó una sentencia de levantamiento de concurso.
De hecho, en su punto 8 se deja en claro que el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 10 a cargo del Dr. Pablo D. Frick Juez subrogante, Secretaría 19 a cargo del suscripto, sito en la Av. Callao 635 PB. C.A.B.A., en los autos “TECNO AGRO VIAL SA s/CONCURSO PREVENTIVO” (Expte No 111833/2002) hace saber por dos días que el 14.03.2022 se ha declarado cumplido el concurso preventivo de Tecno Agro Vial S.A. de conformidad con lo dispuesto por la L.C.: 59. Buenos Aires, 15 de marzo de 2021. Fdo.: LEANDRO G. SCIOTTI. SECRETARIO. PABLO D. FRICK Juez – LEANDRO G. SCIOTTI SECRETARIO.
De aquí surge claramente que el Juez da por concluido el concurso el 14/03/2022, 8 meses después de haber sido adjudicataria la empresa del servicio de estacionamiento medido. Por lo tanto, Germán Alfaro y Tecno Agro Vial mienten. Y es que desde la firma pretenden defender lo indefendible cuando hay una publicación de un juzgado nacional clarísimo publicado en el Boletín Oficial de la Nación, pero siguen negando la realidad.
Lo cierto es que el 28/07/2021, cuando se firmó el Decreto de Adjudicación Nº 4711/SG/2021; la empresa se encontraba en estado concursal con un proceso abierto en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°10, Secretaria 19, en los autos “TECNO AGRO VIAL SA s/CONCURSO PREVENTIVO” (Expte N°111833/2002). Pero eso es algo que pretenden hacer como que no existió jamás.
Mientras tanto, Germán Alfaro intenta vender humo con la cuestión del impuesto a las patentes automotores y utiliza como caballo de Troya nada menos que a uno de sus perritos falderos como es el caso de Rodolfo Ocaranza. Es que el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán intenta presionar a la Justicia de forma descarada emulando las prácticas patoteriles del kirchnerismo.
Y es que cuando la Justicia le pone un freno al alfarismo para que no se cumplan sus negociados espurios, los funcionarios más cercanos a Germán Alfaro, de manera mafiosa intentan atropellar al Poder Judicial. “Desde el punto de vista del municipio, claramente hay un sector del Poder Judicial que está arrasando la seguridad jurídica. ¿Quién va a querer invertir ante esta situación?”, dijo Rodolfo Ocaranza.
Lo único cierto es la realidad que se le impone al alfarismo pero también a la empresa con la que, evidentemente, estarían confabulando contra la Justicia e intentando confundir a la sociedad. Lo cual lleva a pensar que, en realidad, la recaudación millonaria de dinero para hacer negocios o para destinarla a la campaña electoral del año que viene, habría sido el único y espurio objetivo de Germán Alfaro y la firma Tecno Agro Vial.
