Tendrían que ser horas decisivas las que corren desde que en Tucumán Despierta se sacó a la luz las actas de la comunidad diaguita de Tafí del Valle, donde se prueba el hecho de que el procesado por casos de corrupción y elevado juicio oral, Yapura Astorga, ha sido quien instó a generar este complot en contra de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, con el fin de llevársela puesta cueste lo que cueste.
El asunto es que este ataque en contra del Poder Judicial, se convirtió en un nuevo escándalo para la Legislatura provincial que amenaza con convertirse en una bomba de tiempo que le estallará en las manos si no hace nada al respecto. Y es que la Cámara legislativa estaría dejando al descubierto la clara maniobra para conquistar la Justicia justo en una fecha que no será un día más para la institucionalidad de Tucumán.
Y es que en el día de hoy seguramente estará siendo destituido el juez Enrique Pedicone, un hecho que sin duda ya de por sí consiste en un escándalo de proporciones internacionales, luego de que el magistrado recurriera a las mismísimas Naciones Unidas pidiendo por su caso. En ese marco, justo hoy que se tiene que definir la destitución del juez Pedicone, un momento en el que la Legislatura se encuentra con un nuevo escándalo.
Precisamente, eso es en lo que se ha transformado la intentona de llevarse puesta a la Justicia mediante el pedido de juicio político a la titular de la Corte Suprema de la provincia, Dra. Claudia Sbdar, y el vocal del máximo tribunal, Dr. Daniel Posee. Y es que no debe soslayarse el hecho de que sería el propio legislador provincial, Jorge Yapura Astorga, el ejecutor del golpe institucional a la Corte Suprema de Tucumán.
En ese sentido, la exhibición del acta de la Comunidad Indígena del Pueblo Diaguita del Valle de Tafí, del día 12 de febrero, expone claramente y de forma contundente el hecho de que los delegados de base rechazan de manera clara el accionar del cacique Santos Pastrana de pedir el juicio político a dos de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, es decir, su titular, Claudia Sbdar y el vocal Daniel Posse.
Fueron estos integrantes de la comunidad quienes, de forma escrita, tal y como consta en el acta, manifiestan que la decisión unilateral que tomó el cacique Pastrana se debe a intereses políticos y económicos que corresponden al legislador provincial Yapura Astorga, quien instó estas acciones, las cuales, quiso encubrirlas como un trámite judicial más, cuando, en realidad, se trataría de un golpe institucional a la Justicia.
Cabe recordar la razón de fondo por la cual Yapura Astorga pretende llevarse puesto al Poder Judicial representado en el máximo tribunal provincial. Y es que fue la propia Corte Suprema de Justicia de la Provincia la que dejó asentado en un fallo ejemplar y sin precedentes en Tucumán que el ex intendente de Tafí del Valle vaya a juicio oral junto con su familia acusados de cometer delitos de corrupción.
Y es que, en lo que fue la primera investigación jurisdiccional tramitada de forma íntegra al mismo tiempo en que el funcionario denunciado desempeñaba su cargo público, Yapura Astorga quedó en la historia, a causa de sendos hechos de corrupción que tendrían que ser juzgados luego de que quedara firme la decisión del máximo tribunal tal y como se dio a conocer en el mes de agosto del año pasado.
Mientras tanto, en todo este tiempo, desde la Cámara Legislativa, su titular, el también vicegobernador, Osvaldo Jaldo, pareciera firme en su intención de proteger a Yapura Astorga. Es por ello que debe ser la Corte Suprema de Justicia la que debe tomar cartas en el asunto y fijar de una buena vez por todas la fecha y hora del comienzo del juicio oral y público al que debe ser sometido el legislador como cualquier otro ciudadano de a pie. Pero, además, teniendo en cuenta el hecho de que la Legislatura iría arremeter contra el Poder Judicial por medio de este complot sacado a la luz por parte de este medio, en lo que sería un hecho sin precedentes en la historia de Tucumán, cabe preguntarse: ¿Qué harán Claudia Sbdar y Daniel Posse con estas suficientes pruebas del complot en su contra? Los magistrados tienen en sus manos la posibilidad de desactivar esta bomba de tiempo o dejar que la legislatura los termine destituyendo.
