A tan sólo unos 17 días de tomar las riendas del Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán, el gobernador electo, Osvaldo Jaldo, exteriorizó oportunamente su preocupación por las designaciones y recategorizaciones que, a nivel jerárquico, se están realizando en distintas áreas del Gobierno.
“Todas esas decisiones adoptadas por algún ministro o secretario de Estado van a contrapelo de lo que está pasando en el país, en general, y en Tucumán, en general. Pregonamos la austeridad y, sin embargo, hay funcionarios que hacen oídos sordos y comprometen a la nueva gestión”, fundamentó el actual vicegobernador en una charla con la prensa.
Jaldo viene analizando con parte de su equipo económico las distintas partidas que compondrán el cálculo de gastos y de ingresos para 2024. En ese estudio del Presupuesto provincial para el año que viene se están sugiriendo recortes de determinadas partidas para bajar, al mínimo posible, el nivel de erogaciones, tomando en cuenta la difícil situación de la Argentina por la acumulación de los desequilibrios macroeconómicos.
“Estas designaciones de última hora están a contramano de lo que debe ser una política de austeridad, porque no sólo se trata de decisiones oportunistas, sino que sus efectos se producirán cuando se cambie una gestión de gobierno y, por lo tanto, compromete el futuro de esa administración”, alertó.
Por esa razón, el mandatario electo afirmó que derogará toda disposición adoptada en los últimos 60 días que no justifique el motivo de un ascenso, una recategorización o una designación. “Pero no nos vamos a quedar con esa resolución; también responsabilizaremos a aquel funcionario que adoptó la medida que, a mi juicio, es irresponsable tomando en cuenta que quedan 20 días a esta gestión”, subrayó.
Hace unos días, el ministro de Economía, Eduardo Garvich, instaló en el acceso a su despacho del primer piso de la Casa de Gobierno un cartel con la siguiente leyenda: “por disposición del señor gobernador, no se tramitarán más pedidos de nombramientos ni recategorizaciones”. Sin embargo, esa advertencia no fue cumplida por algunas áreas del Ejecutivo. De allí el reproche público del futuro gobernador.
Según el presupuesto vigente, en la planta de personal permanente hay 99.934 cargos, aunque se admite que, tomando en cuenta las comunas rurales y el personal transitorio, la cifra se eleva a unos 110.000 empleados públicos. Sólo para atender el pago de sueldos, el Estado provincial destina unos $ 40.000 millones mensuales.
