El jefe de la Unidad Regional Capital de la Policía de Tucumán, Eduardo Luna, admitió la grave crisis carcelaria que afecta a esa jurisdicción. Sólo pasó una semana desde que se hizo cargo y desde entonces debe atender en promedio un motín por día en alguna las 15 comisarías que tiene a bajo su mando.
El último episodio fue en la seccional 2ª (Buenos Aires al 400) el domingo por la tarde, lo que generó alarma entre los vecinos de barrio Sur.
Mientras se presentaba ante sus nuevos subordinados, se produjo una revuelta el martes en la seccional 12ª. El viernes ocurrieron dos incidentes diferentes en la 13ª y en la 1ª; el sábado fue el turno de la comisaría 11ª y el domingo ocurrió lo de la 2ª.
Demasiados sucesos en muy poco tiempo, recordando además que días antes, se habían fugado detenidos del Destacamento Falivene y de la seccional 3ª, lo que convierte a esta jurisdicción es la más complicada de todas porque es la que más personas privadas de la libertad tiene, al punto que el flamante jefe debió admitir que “estamos superpoblados”.
En todas las dependencias policiales de la provincia hay 1.900 personas privadas de libertad, entre condenadas y procesadas. De ese número, alrededor de 1.100 están a cargo de la URC, que sólo tiene capacidad para albergar menos de 300 personas. “Este es uno de los principales problemas que se tocó con la reunión con el vicegobernador y las autoridades de la provincia se están ocupando de ello”, agregó el funcionario.
La primera medida que tomaron fue utilizar al personal del Servicio Penitenciario (SP) de la provincia en la tarea de control. Las primeras dependencias elegidas desde el viernes fueron: en las seccionales 1ª, 2ª, 4ª, 6ª, 10ª, y 13ª, en las comisarías de Banda del Río Salí y Alderetes y en las unidades de detenidos que funcionan en la ex Brigada.
Son, según fuentes de la fuerza, las más conflictivas por la cantidad de personas privadas de la libertad que albergan.
Aproximadamente 400 guardiacárceles serán distribuidos en las dependencias policiales. La mayoría ya saben que fueron los designados para ser trasladados al penal de Benjamín Paz, que podría comenzar a ser utilizado en diciembre. “Están haciendo una especie de práctica”, deslizó el vocero.
La gran pregunta es saber por qué los últimos incidentes se registraron en los lugares donde justamente fueron ubicados los hombres del SP. Los controles son más estrictos y los motines ocurrieron después de que se hallaran drogas, o por el intento de ingresar elementos que no están permitidos.
“Lo que pasó en la 2ª es el resumen de todo. Antes un solo carcelero debía revisar lo que entregaban a 70 personas. Ahora, son cinco o seis los que hacen el mismo trabajo. Obviamente que los resultados no son los mismos”, explicó Luna.
En esa dependencia policial, antes del motín, al requisar la comida, en el control encontraron 27 dosis de cocaína, cinco bagullos de marihuana y un porro. “En principio no es una cantidad de droga para consumo personal, por lo que no descartamos que en los calabozos también vendan los mismos detenidos”, indicó una fuente policial.
“Sí se las dan entre ellos. Es la única manera en la que pueden estar tranquilos. Mi hijo se la pasaba el día consumiendo pastillas y cocaína. Le tengo que dar plata por izquierda para que se la compre porque por la abstinencia lo matarán”, contó Mariela, empleada doméstica, antes de visitar a su hijo en una seccional de la capital. La mujer no quiso revelar quién comercializaba las sustancias y mucho menos a qué valor.
Los policías explicaron que los familiares utilizan cualquier tipo de sistema para ingresar la droga. La esconden entre las comidas, fabrican recipientes con doble fondo y hasta la mezclan con bebidas.
“Muchas desarman las pastillas en botellas con jugo. Nos damos cuenta al descubrir que vienen abiertas, pero hubo muchos casos de compañeros que probaron ese líquido y quedaron dormidos durante horas”, comentó un cuartelero.
Los familiares desmintieron que la repetición de motines se deba a un efecto dominó. Es conocido que cada vez que se registran huelgas en un centro de detención, la medida se replica en otras. “Aquí no hay nada extraño. Los tienen como animales. Hay 70 personas en un lugar donde entran 20. No ven la luz del día, hacen sus necesidades en un tacho de pintura de 20 litros… ¿No tienen derecho a protestar?”, se preguntó Janet de Herrera, esposa de un detenido.
Su suegra, Mariana García, agregó: “la gente habla sin saber nada. Mi hijo se ‘moqueó’ y ahora está cumpliendo una condena de cinco años. Pero desde hace dos, no tiene espacio ni para dormir. Si no le traemos comida, aquí no le dan. Tanto que hablan los tucumanos, me pregunto: ¿dónde están las personas de Derechos Humanos?”.
Los motines registrados en los últimos días trajeron sus consecuencias. En la seccional 13ª un efectivo terminó con heridas leves y la dependencia sufrió daños. La Policía demoró a varios familiares que generaron daños, pero las autoridades decidieron no formularles cargos.
Los familiares de los detenidos en el arresto de la 2ª provocaron daños en toda la zona.
En 2015, los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni (retirada), plantearon un hábeas corpus a favor de los privados de la libertad, los policías y los vecinos de las comisarías porque suponían lo que podía pasar. “Este es un problema de muchos años que nadie quiso solucionar. Hoy estamos peor que nunca. Prometen más lugares en el penal, pero hasta que eso llegue, habrá un muerto en el camino”, concluyó Herrera.
