El fin del kirchnerismo en el Gobierno tiene consecuencias: la jueza Ana María Figueroa presentó sus papeles ante la Anses para jubilarse como magistrada de la Cámara Federal de Casación Penal, con lo que llega a su fin la larga novela sobre su continuidad o alejamiento definitivo del tribunal, al haber cumplido 75 años, la edad límite para mantenerse en esa función.
La magistrada, afín al kirchnerismo y que con sus sentencias defendió la posición de Cristina Kirchner en las causas por corrupción en las que le tocó intervenir, pidió en el Consejo de la Magistratura una certificación de sus servicios para presentarla ante las autoridades previsionales y, de ese modo, iniciar su trámite jubilatorio.
LA NACION
Es de esperar que el organismo acelere el asunto y, en breve, “le salga la jubilación”. Una fuente con conocimiento de la cuestión previsional del Consejo de la Magistratura, dijo a LA NACION que “ya tiene todo hablado en la Anses para que la jubilación salga rápido”.
Figueroa dejó de cobrar su sueldo como camarista el 1 de septiembre pasado y, desde entonces, no percibe ninguna remuneración del Poder Judicial. Ahora debería percibir la liquidación final de su salario con vacaciones, aguinaldo y licencias que no se tomó, y empezar a cobrar la jubilación.
Junto con el caso de la jueza Figueroa concluyó otro similar: el del camarista laboral Gregorio Corach, quien aspiraba a quedarse mas allá de los 75 años, con un amparo. Pero el Consejo de la Magistratura pidió que deje el cargo por tratarse de una situación similar a la de Figueroa. Y finalmente el juez renunció, a partir del 1 de diciembre.
La suerte de la jueza Figueroa fue la última resistencia del kirchnerismo a perder uno de los magistrados que falló en línea con sus ideas en la Cámara Federal de Casación Penal, que es el tribunal penal del país más importante por debajo de la Corte. Ya no se justifica la pelea: la Casación ya votó reabrir las causas Hotesur y Los Sauces y el caso por la firma del Pacto con Irán, sin el voto de Figueroa. Y justamente ese fue el argumento de Cristina Kirchner para reclamar la nulidad de esos fallos ante la Corte.
La batalla del kirchnerismo por mantener a Figueroa llegó a tal punto que no dudó en avanzar hasta generar un conflicto de poderes con la Corte Suprema de Justicia. Pero la política acomodó las cosas. Hubo elecciones, perdió el candidato del oficialismo, Sergio Massa, y la jueza se allanó a lo inevitable.
Figueroa cumplió 75 años el 9 de agosto, el límite de edad para que los jueces permanezcan el cargo según la Constitución. Para continuar por cinco años más deben pedir al Poder Ejecutivo que vuelva a enviar su pliego al Senado para conseguir un nuevo acuerdo. El kirchnerismo le dio cabida al pedido de Figueroa y Alberto Fernández solicitó un nuevo acuerdo.
La jueza pasó la instancia de las entrevistas personales, pero el Senado nunca consiguió reunirse para darle un nuevo acuerdo. El kirchnerismo no tenía votos propios para obtener el quórum y votar el acuerdo en una sesión, por lo que la oposición logró bloquear con éxito esa posibilidad.
Así, lajueza cumplió 75 años sin tener un nuevo acuerdo. Al día siguiente, la Cámara de Casación Penal se reunió con la magistrada, quien le comunicó a sus colegas que se iba a quedar en el cargo, pero sin firmar sentencias, por si eran nulificadas, y que iba a dejar la presidencia del cuerpo, en manos de su colega Mariano Borinsky (vicepresidente entonces), a la espera del acuerdo del Senado.
Pero los jueces de la Casación, presidentes de cada sala, a la semana, se reunieron y al ver que el tiempo pasaba y la jueza no obtenía un nuevo acuerdo, enviaron a la Corte una nota, en la que le señalaron que la magistrada, “habría cesado” en sus funciones, dado que no tenía una nueva convalidación del Senado.
La Corte dictó una resolución en la que señaló que la doctora Figueroa “ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió setenta y cinco (75) años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado”. La decisión fue unánime. Lleva la firma de los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
En la misma resolución, la Corte reglamentó la manera en que se aplica el art. 99, inciso 3, de la Constitución nacional, que establece los 75 años como tope para los jueces. Allí, al dejar en plena vigencia el precedente del camarista Leopoldo Schiffrin, de 2017, decidieron que el magistrado debe pedir dl acuerdo y obtenerlo, al menos, un día antes de cumplir 75 años e incluso debe haber para esa fecha un decreto presidencial con un nuevo nombramiento. De este modo, la Corte Suprema ratificó la vigencia de esta nueva jurisprudencia, que revierte la anterior del fallo Fayt, que le permitió al ministro Carlos Santiago Fayt permanecer en el máximo tribunal de justicia hasta los 95 años.
Resistencia del kirchnerismo
El fallo de la Corte que dejó cesante a Figueroa no fue suficiente para el Gobierno. En el Senado, el kirchnerismo se mantuvo enfrentado con la Corte por decenas de cuestionamientos, desoyó la decisión del máximo tribunal y logró aprobar un nuevo acuerdo el 26 de septiembre pasado, a pesar del plazo vencido. La jueza pretendió, así, revalidar sus títulos.
El presidente Alberto Fernández dejó pasar el fin de semana y sumó suspenso al desenlace de la controversia, pero finalmente el martes 3 de octubre nombró por decreto a la jueza por cinco año más. Lo hizo de manera retroactiva al 9 de agosto, la fecha en que Figueroa cumplió 75 años y la Corte la había dejado cesante.
En el medio, el Consejo de la Magistratura dejó de considerarla como jurado para los concursos en los que se deben corregir exámenes a los aspirantes a jueces. Sus colegas, en tanto, cubrieron su vacante y todas las que abía en el tribunal, con jueces suplentes.
Con estos nuevos elementos, Figueroa esperó. Mantuvo el suspenso ante sus colegas de la Cámara de Casación, que temían que la jueza se presentara en los tribunales para reclamar su sueldo, su escritorio, su auto, su chofer y fundamentalmente su firma digital que es lo que restituye el poder.
Eso no ocurrió. Al menos en lo inmediato. Figueroa finalmente se presentó con un flamígero escrito en el Consejo de la Magistratura. Reclamó que le devuelvan su cargo de jueza y su título de presidenta de la Cámara Federal de Casación, y que, además, la Corte Suprema le pague los sueldos de agosto y septiembre. Denunció que fue víctima de una discriminación de género y que la Corte incurrió en un “acto ilegal” al dejarla cesante cuando cumplió 75 años sin haber obtenido el acuerdo del Senado.
La jueza no fue más a su despacho en la Cámara de Casación y su vocalía fue cubierta por su colega Alejandro Slokar, designado por sorteo. En esa nota alegó que hubo una “reunión clandestina” en el despacho de Borinsky -a quien acusó de haberse constituido “como presidente de facto” del tribunal mientras ella estaba en su despacho. Desconoció, así, lo que había dicho a sus colegas, de lo que quedó constancia en un acta. Denunció discriminación y destacó que los cuatro jueces de la Corte son varones, lo mismo que los cinco colegas de la Casación que integran el tribunal de superintendencia. Y que había sido dejada cesante por una cuestión de género.
Finalmente, Ana María Figueroa pidió jubilarse. Ya no le quedarán aliados en la presidencia del Senado, con la salida de Cristina Kirchner. Ahora podrá cobrar su sueldo y el Consejo de la Magistratura decidirá si llama a concurso para cubrir su vacante o si la suma a uno de los concursos en trámite para cubrir otros dos cargos en ese tribunal clave para definir los casos de corrupción.
