Legisladores del bloque oficialista del Frente de Todos (FdT) presentaron un proyecto de resolución para expresar su “preocupación” ante las amenazas de bomba registradas en las últimas semanas en Tucumán, producto de las cuales se desalojaron a diario distintas escuelas y colegios.
En la iniciativa, además, los representantes de la bancada peronista solicitaron al Poder Ejecutivo (PE) que se “intensifiquen las campañas de concientización” respecto a los perjuicios que generan estas prácticas; y requirieron además que el fuero penal del Poder Judicial “aplique las sanciones correspondientes” a los responsables.
En esa línea, propusieron que se recurra a las resoluciones alternativas previstas en el Código Procesal Penal de Tucumán. De esta manera, los autores de las amenazas de bomba en las escuelas podrían llevar adelante distintas tareas comunitarias, como trabajos de limpieza.
La oleada de intimidaciones a instituciones educativas, que comenzó en marzo y se profundizó en los últimos meses, afecta a establecimientos tanto de la Capital como del interior.
En este marco, se presentó un proyecto de resolución en la Legislatura con las firmas de los oficialistas Mariela Reyes Elías, Carlos Francisco Gómez, Javier Morof y Maia Vanesa Martínez.
En el artículo 1°, los legisladores manifestaron “consternación, preocupación y tristeza por las amenazas de bomba en las instituciones educativas, que alarman a toda la provincia”.
“Preocupa la falta total de empatía e irresponsabilidad de los autores de estos actos ante el gran despliegue de recursos del Estado que debe hacerse con cada situación”, describieron Reyes Elías y sus pares del Frente de Todos.
Luego, plantearon la necesidad de que los ministerios correspondientes del PE refuercen “las campañas de concientización y educación sobre el uso responsable de los servicios de emergencia, en todas las instituciones educativas de la provincia”.
En cuanto a las medidas concretas contra esta práctica, consideraron clave que, “una vez conocidos los autores materiales e intelectuales de las falsas denuncias, sean rápidamente puestos a disposición de la Justicia penal para que sea ella quien aplique las sanciones correspondientes”.
A continuación, sugirieron al Poder Judicial que, en el caso de aplicarse los criterios de oportunidad establecidos en el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) y de disponerse la suspensión del juicio a prueba, los responsables lleven adelante “tareas de efectivo cumplimiento en las instituciones públicas afectadas al accionar irresponsable de éstas personas”.
“Además, proponemos que este acuerdo se dé a difusión en todos los medios disponibles, como medida disuasoria”, señalaron los legisladores del PJ.
Otras propuestas en la Legislatura
La Legislatura ya se había hecho eco de la problemática generada por las amenazas de bomba en escuelas de Tucumán. Pero, hasta ahora, los planteos habían surgido desde las bancas de la oposición.
Ricardo Bussi y Horacio Vermal, de Fuerza Republicana, elevaron un pedido de informes a través de la comisión de Seguridad y Justicia para que el ministro de esa área, Eugenio Agüero Gamboa, brinde detalles sobre “los avances en la investigación de la diversidad de llamados con amenazas de bombas en los establecimientos educativos”.
También requirieron, entre otros puntos, que el funcionario comunique “las medidas implementadas por esa cartera para evitar y/o prevenir este tipo de hecho delictivo que afecta al sistema educativo”; y que consigne “la cantidad de llamadas con amenazas de bombas realizadas al día de la fecha y si se identificaron a los autores de las mismas”.
“Motiva este pedido (de informes) el crecimiento desmedido de este tipo de delitos desde mayo hasta hoy sin que se hayan tomados acciones concretas para erradicarlos, lo que ocasiona no solo un serio perjuicio al cronograma de clases -muchas veces irrecuperables, con el daño en el aprendizaje de los educandos-, sino también en los daños económicos que al erario público ocasiona la movilización de los servicios de seguridad”, plantearon los legisladores de FR.
El radical José Canelada (JxC) había requerido semanas atrás la citación de los ministros de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, y de Seguridad para que brinden informes ante el cuerpo colegiado sobre las distintas acciones llevadas adelante ante estos casos.
“Lo que está sucediendo excede a una broma de mal gusto. Hay una maniobra evidente y a gran escala cuyos fines y responsables deben ser identificados rápidamente. Hay que actuar con mayor celeridad para parar con una situación muy desagradable que está afectando a miles de familias y educadores”, sostuvo el dirigente de la UCR.
El bussismo, por su parte, había reclamado la puesta en vigencia de la ley que prevé la creación de la Unidad de Delitos Cibernéticos en el ámbito del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Según la legisladora Sandra Orquera (Fuerza Republicana), “no hay motivos para seguir demorando la operatividad” de esta normativa, cuya constitucionalidad fue objetada por el MPF ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
“Con la Fiscalía de Delitos Cibernéticos en funcionamiento avanzaríamos mucho más rápido en encontrar a los responsables (de las amenazas de bomba)”, planteó la aliada a Javier Milei.
