Una tregua a la que llegaron por teleconferencia el viernes pasado a las 13 horas funcionarios de primera línea, pero de origen político distinto, le puso fin a un problema creciente que podría haber derivado esta semana en un atolladero capaz de dejar sin gas a medio país.
Todo había comenzado el 31 de marzo, cuando una nota de IEASA -la exEnarsa, una de las empresas públicas de energía- dirigida al sector energético recordaba que, desde las 6 del día siguiente, dejaría de proveer gas subsidiado. El motivo: no había recibido instrucciones para seguir haciéndolo.
La distribuidora de gas Camuzzi atiende al centro y al sur del país, donde están los mayores subsidios. Aunque IEASA dejó de subsidiar el gas, Camuzzi siguió vendiendo para no cortar el servicio. Pero las petroleras que producen el hidrocarburo, sin embargo, dejaron de inyectar al gasoducto como lo venían haciendo. Hicieron una oferta a precio de mercado, que la compañía no aceptó. Así, en épocas en que nadie está seguro de cobrar en la Argentina, prefirieron guardar su producto antes que correr el riesgo.
La conducción de Camuzzi se inclinó por una actitud osada: comenzó a tomar gas de una punta del gasoducto aunque nadie lo repusiera en el ingreso. Eso hizo caer la presión de los caños (el denominado linepack ) hasta niveles preocupantes. Sucede que si la presión baja demasiado, corre riesgo todo el sistema.
Una fuente privada que pidió no identificarse y formó parte de la decisión de Camuzzi reconoció a LA NACION que no estaban dispuestos a hacer colapsar el sistema. Pero la jugada sirvió para que “albertistas” y “cristinistas” se pusieran de acuerdo en el momento límite.
Así llegaron a la reunión del viernes pasado. Se vieron las caras virtualmente el ministro de Producción, Matías Kulfas, y el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, con Federico Bernal, el interventor del Enargas.
También participaron Andrés Cirnigliaro, presidente de la exEnarsa y funcionario proveniente de Santa Cruz; Esteban Kipper, de Cammesa y Ramiro Manzanal, director de YPF.
Kulfas es un funcionario elegido directamente por Alberto Fernández, que acompaña al Presidente desde la creación del Grupo Callao, expresión original del denominado albertismo. Bernal, en cambio, era un “cuadro” cercano al exministro de Planificación, Julio De Vido, que se ganó la confianza de Cristina Kirchner, a tal punto que lo contrató como su asesor en su etapa de senadora.
Bernal está en esa silla porque la vicepresidenta le pidió expresamente a Alberto Fernández que le diera el lugar.
¿Cambio de roles?
A los dirigentes del sector empresario al tanto de la discusión todavía les cuesta creer la manera en que se desarrollaron las negociaciones. Sostienen que Bernal, al que por su cercanía a Cristina Kirchner le ven mayor potencial antiempresa, fue el más activo al momento de resolver el problema que preocupaba a las compañías.
Desde la orilla de enfrente dan una mirada distinta. Los allegados al denominado albertismo sostienen que Bernal sembró dudas con su llegada, a fines del mes pasado. El emisario de Cristina Kirchner dijo que pretendía revisar los contratos firmados por la gestión de Mauricio Macri, entre los que se encuentran el que no renovó la exEnarsa. Así lo deslizó el secretario de Energía Sergio Lanziani en una comunicación con el medio especializado Econojournal. Sus voceros sostuvieron allí que “la interrupción del contrato está en línea con la estrategia de implementar una revisión de los esquemas tarifarios de gas de las empresas distribuidoras”.
El último viernes se tomó una decisión que hay que leer entre líneas. Para evitar el colapso del sistema, los funcionarios decidieron extender por tres meses las condiciones de los contratos que estaban vigentes hasta el 31 de marzo. Tiene todos los condimentos de una prórroga, pero jurídicamente, no lo es. La clave para destrabar el impasse fue que Kulfas y Lanziani -en el organigrama el segundo está debajo del primero-, se pusieron de acuerdo en que no habría otra extensión de contratos. A esa idea abonó Bernal, que había intentado juntar todas esas cabezas desde hacía al menos 10 días sin éxito hasta fines de la semana pasada.
La crisis pareció haber acercado las posiciones encontradas. Aunque llegó por pedido de Cristina Kirchner, Bernal les dijo a varios de sus interlocutores que era un funcionario del gobierno de Alberto Fernández, mientras que el albertismo puro comenzó a tener un diálogo más amable con el interventor del Enargas.
Facsímil de la nota que envió la exEnarsa a las empresas del sector diciendo que no había recibido órdenes de continuar con la venta de gas subsidiado.