Hace aproximadamente dos meses que en Tucumán los miembros de las instituciones educativas empezaban a vivir una pesadilla: amenazas de bomba que se repetían por distintos medios (mail, whattsap, llamadas telefónicas, mensajes de texto). En total, se registraron 92 amenazas de bombas sumando escuelas, colegios y cuatro empresas privadas, por fortuna todas fueron falsas.
El jueves pasado se produjo la primera detención: una joven de 18 años fue detenida y trasladada al penal de mujeres por haber hecho una amenaza a través de WhatsApp al colegio Juan Luis Nougués, el mismo donde ella es estudiante. El día después de esta detención, no se registró ninguna amenaza de bomba en la provincia.
El gobernador, Juan Manzur, había asegurado que hay más involucrados y que seguirán investigando a los responsables por amenazas de bomba. En este sentido, efectivos de la División Cibercrimen concretaron medidas de allanamiento en procura de elementos que contribuyan a identificar a los autores de la amenaza.
Al parecer serían dos alumnos del establecimiento. De acuerdo con lo informado por el comisario principal Héctor Marín, el pasado 11 de agosto autoridades de la Escuela Técnica N° 3 Juan B. Terán, ubicada en avenida Mitre 746 de San Miguel de Tucumán, denunciaron que recibieron una llamada del Sistema de Emergencias 911, poniéndolos en alerta de bomba, por lo que inmediatamente se activó el protocolo de evacuación del establecimiento escolar.
En ese marco, cabe mencionar que esta denuncia originó la investigación y teniendo en cuenta las particularidades del caso, es que el Ministerio Público interviniente, designó para continuar con la investigación al Departamento de Inteligencia Criminal -D2-, a fin de profundizar con los trabajos de averiguaciones.
“Siguiendo la línea investigativa, donde consta que dos alumnos del citado establecimiento habrían sido los autores de los llamados de los supuestos atentados, y surgiendo del informe de la Escuela Técnica que los mismos se encuentran registrados en su base de datos. Una vez con datos certeros, se procedió a procesar toda la información obtenida; realizando las correspondientes constataciones de domicilio, y solicitando medidas judiciales de allanamientos y secuestros”, detalló Marín.
De esta manera las medidas judiciales se concretaron el pasado viernes en un inmueble ubicado en Yerba Buena, donde se produjo el secuestro de cuatro teléfonos celulares, (uno de ellos de alta gama) y una netbook. Del procedimiento también participó, personal de la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público Fiscal. En tanto, la supervisión estuvo a cargo del jefe y segundo jefe del Departamento Inteligencia Criminal; comisario general Héctor Vizcarra, y comisario mayor Omar Soria.
