La inercia de una movida con escasas chances de éxito y cuestiones reglamentarias instalan el juicio político a la Corte Suprema en la antesala del balotaje. Es un proceso que lleva meses en Diputados y que se venía desvaneciendo, pero volvió a los títulos por la fuerte respuesta que enviaron dos integrantes del tribunal a los legisladores. Salvo en las filas del kirchnerismo duro, el oficialismo y en especial el equipo de campaña de Sergio Massa preferirían evitar este trámite. El tema generó también una reacción política inesperada, además de alguna incomodidad en filas opositoras.
El frente judicial expuso a la par otros dos movimientos, también con poco margen de avance, aunque ruidosos. Los dos casos tienen sello K. Y en medios políticos, llamó la atención que fueran hechos sin esperar que termine la campaña y pase la segunda vuelta. El mensaje podría tener destinatarios no sólo en el ámbito de la Justicia.
Cristina Fernández de Kirchner recurrió a la Corte para tratar de revertir la instancia de juicio oral en los casos Hotesur/Los Sauces y memorándum con Irán. Y Ana María Figueroa reclamó ante el Consejo de la Magistratura ser repuesta en el despacho de la Cámara de Casación que ocupaba hasta que fue jubilada por la Corte, a pesar de los esfuerzos del bloque oficialista en el Senado. Puede resultar curioso, pero los dos temas terminarán siendo decididos por el máximo escalón de la Justicia, que está en la mira del kirchenrismo.
Es una seguidilla de capítulos que, en la carga contra la Corte, ya había asomado antes de la elección de octubre. La Comisión de Juicio Político en Diputados, que cuenta con mayoría oficialista, aprobó los cargos contra los cuatro integrantes del tribunal supremo. Y quedó en suspenso el cronograma para los pasos siguientes. Por lo bajo, luego del resultado de la primera vuelta, desde la cercanía de Massa en la Cámara baja dejaron trascender que lo mejor sería frenar el tema.
En otras palabras, se consideró a contramano del perfil de campaña avanzar con el trámite, por dos consideraciones básicas. Facilitaría un elemento de batalla a la oposición y lo haría con un proceso que, de todos modos, carece de futuro por las mayorías especiales que exige el juicio en el Congreso. En sentido contrario, asoma que mantener abierto el proceso aunque no avance seguiría funcionando como elemento de presión sobre el Poder Judicial.
La referida comisión de diputados volvería a reunirse la semana que viene para considerar los descargos de los jueces. Lo hicieron por escrito Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Y se verá qué hacen Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. No son días de armonía en el tribunal; ya no lo eran y el clima volvió a tensarse luego de las definiciones del presidente de la Corte sobre la necesidad de un gobierno de unidad nacional.
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Cristina Kirchner, en la reciente asamblea legislativa. Vuelve a la carga contra los juicios que más la inquietan
El punto es que la comisión de Juicio Político debería tratar el dictamen de acusación antes del próximo domingo de elecciones. El reglamento impone un límite temporal para dictaminar: 10 días antes del fin de las sesiones ordinarias, que concluyen el 30 de noviembre. De todos modos, los legisladores saben que habría margen para estirar los tiempos, pero eso depende alguna decisión formal, que se transformaría también en un hecho político.
Sobre el sentido del intento de juicio se pronunciaron el titular y el vice de la Corte en su rechazo a los cargos. Pusieron en foco lo que consideran el objetivo central de la movida motorizada por el kirchnerismo y acompañada por el conjunto del oficialismo: condicionar a los jueces. Rosatti señaló “irregularidades” en el proceso, pero el mayor peso de la respuesta estuvo en denunciar que se busca “afectar la independencia del Poder Judicial en general y de la Corte en particular”. Rosenkrantz apuntó: buscan “condicionar, neutralizar o directamente cooptar al Poder Judicial”.
De manera llamativa, la oposición no abundó sobre este tema. A pesar de eso, en la otra vereda no descartan que el tema pueda ser convertido en un elemento de campaña si el proceso escala, aún con las limitaciones señaladas, y hay dictamen de comisión a pocos días del balotaje.
En medio de su crisis, JxC mantiene el rechazo al juicio. De todos modos, prevalece el perfil acotado frente a los temas que se cruzan en el máximo escalón de la Justicia. Y en sentido más amplio, para quienes acompañan la candidatura de Javier Milei, resulta un tema incómodo por anteriores declaraciones de Rosatti y el eco de la reacción del candidato libertario contra el titular de la Corte.
Aquel cruce se produjo un mes antes de las elecciones. Rosatti había advertido que si una dolarización intentara eliminar la moneda argentina, debería ser considerada inconstitucional. Milei respondió con una defensa de su consigna contra la existencia del Banco Central, dijo que la emisión es un robo a la sociedad y escaló al punto de ironizar sobre un aval al “robo” por parte del juez. Ya había pasado el turno de las PASO y la voz del candidato no era una cuestión menor.
La novedad, ahora, llegó desde otro espacio. Juan Schiaretti difundió un duro mensaje contra el intento de juicio político a la Corte. Y cargó sobre el candidato oficialista con un giro que buscó, precisamente, destacarlo: dijo que se trata de una movida impulsada por “el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa”.
El gobernador y ex candidato a presidente, que rozó el 7% de los votos en la elección de octubre, evitó pronunciarse para el balotaje. Es más, a través de voceros debió salir a negar apoyo al libertario, algo difundido por una operación en redes sociales. Resultó extraño, en medio de tensiones por los tironeos que vive el PJ cordobés.
Schiaretti observa con recelo algunas jugadas para volcar apoyos desde el peronismo de Córdoba a favor de UxP. En ese difícil terreno se mueve Martín Llaryora, su sucesor, que como cualquier gobernador electo cuida las formas pensando en la relación con el poder central, más allá de quien resulte nuevo presidente. Son tiempos de suspicacias, con especulaciones que van desde disputas en el PJ cordobés hasta un juego acordado.
A dos semanas del balotaje, todos los elementos cuentan. Y la Corte, al menos para un público, no es un tema menor.
