La actuación de la Policía Federal antes, durante y después del atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó bajo la lupa de los investigadores. Y los focos de inquietud son tres, no dos, como hasta ahora había trascendido, según confirmaron fuentes judiciales y del Gobierno.
El último episodio ocurrió durante las 72 horas posteriores a la detención del atacante, Fernando Sabag Montiel, cuando la Justicia comenzó a enfocarse en su círculo íntimo. Para eso, la jueza federal María Eugenia Capuchetti había ordenado intervenir el teléfono de su novia, Brenda Uliarte, con escuchas que debían practicarse en tiempo real. Pero terminó por provocar otro cortocircuito con la Policía Federal.
La jueza Capuchetti pretendía que efectivos de la Federal escucharan cada conversación que mantuviera Uliarte mientras se desarrollaban y, llegado el caso, le alertaran a ella y su equipo sobre cualquier dato relevante para la investigación. No fue así.
El cortocircuito ocurrió cuando desde la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) -la oficina del Poder Judicial de la Nación a cargo de ejecutar las intervenciones telefónicas- intentaron transferirle las llamadas en tiempo real a los encargados de escucharlas en el Departamento Central de la Policía Federal. Nadie las tomó. Y tampoco tuvieron respuesta cuando Uliarte comenzó a moverse. Alertaron entonces a uno de los secretarios del Juzgado Federal, Federico Clarc, quien tomó en sus manos el procedimiento que llevó a la detención de la novia de Sabag Montiel, la noche del domingo 4.
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Desde el Ministerio de Seguridad, del cual depende la Policía Federal, confirmaron el incidente. “Algo de eso hay”, indicaron. “Recibimos una queja desde el Juzgado por lo ocurrido. Está bajo investigación”, respondieron ante la consulta.
Desde los tribunales ahondaron, a regañadientes, en esa senda. “Entendemos que [en la Policía Federal] hay un sumario”, indicó una fuente al tanto de lo ocurrido, que significaría el tercer traspié de la fuerza en los primeros días de una investigación que tiene en el rol de querellante a la vicepresidenta.
LA NACION llamó también a la Policía Federal, que indicó de manera oficial que no podía confirmar, ni desmentir la apertura de un sumario para deslindar responsabilidades por lo ocurrido en relación a las escuchas telefónicas dispuestas por la Justicia.
Un comisario que participó en la detención de Uliarte, no obstante, buscó deslindar responsabilidades. “La intervención telefónica fue efectuada por la Dajudeco, con personal propio, que la pasaba en tiempo real al personal del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista. Fue así por disposición del Juzgado”, dijo.
Horas antes de que LA NACION consultara a su entorno, en tanto, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, había respaldado a la fuerza desde Nueva York, donde acompañó al presidente Alberto Fernández, y rechazó los cuestionamientos que llegan, incluso, desde el Frente de Todos. “Yo tengo jefes y subjefes [en la Federal] que trabajan en función del marco que yo definí y que trabajan excelentemente bien”, dijo el funcionario.
Lo ocurrido durante las escuchas telefónicas se suma a los cuestionamientos que ya afronta la fuerza. El primero se centra en la actuación de la custodia al llegar a la esquina de Uruguay y Juncal, donde Sabag Montiel llegó a gatillar una pistola, a centímetros de la cabeza de la líder del Frente de Todos, quien luego continuó en la acera durante seis minutos más sin que los custodios activaran el “Protocolo de actuación N° 7″.
¿Qué estipula ese protocolo? Regula cómo deben reaccionar ante una emergencia o un ataque quienes velan por la seguridad física de la vicepresidenta o cualquier otro funcionario o dignatario, con el armado de un escudo humano a su alrededor, su introducción en un automóvil y su evacuación inmediata de la zona.
“La señora no quiere cambios”
Durante los días que siguieron, la Justicia comenzó a analizar su actuación, como también el Gobierno –que desplazó a cinco agentes, reforzó la custodia de Fernández de Kirchner con veinte agentes más y evalúa modificar el “Protocolo 7″- y la Policía Federal, cuya área de Asuntos Internos abrió un sumario administrativo. Pero la principal defensora de ese equipo fue la propia vicepresidenta. “La señora no quiere cambios”, indicó una alta fuente del Ministerio de Seguridad, días atrás.
El segundo foco de cuestionamientos por la actuación de la Federal se centra en el borrado del contenido de un teléfono móvil de Sabag Montiel. Ocurrió el 2 de septiembre, el día después del atentado fallido, cuando un agente del Departamento Técnico Cibercrimen intentó extraer los datos de un aparato Samsung SM-A50 5G, sin IMEI externo, tuvo problemas, y la jueza Capuchetti le confió el teléfono a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), según relató ella misma en el auto de procesamiento de Sabag Montiel y a Uliarte.
La PSA, detalló la jueza, recibió e intentó analizar el teléfono de Sabag Montiel, lo que resultó imposible. “No se han podido realizar extracciones de datos del equipo de comunicaciones debido a las condiciones en las cuales se encuentra el mismo”, le informó. “Luego de reiterados intentos y mediante la herramienta disponible en el equipamiento forense UFED TOUCH2 ‘Samsung Exynon Recovery’ se ha logrado iniciar el equipo de comunicaciones el cual se encontraba con un error en su secuencia de inicio (pantalla), y una vez iniciado se ha visualizado que posee la pantalla de configuración inicial (reseteo de fábrica)”.
Ahora, salió a la luz el tercer traspié protagonizado por la Policía Federal durante las 72 horas que siguieron al intento por asesinar a la vicepresidenta.
