“Como nosotros estamos cumpliendo el día de hoy, la Nación tendrá que seguir cumpliendo con la provincia de Tucumán, como lo viene haciendo hasta el día de hoy”. Esta fue una de las definiciones que el pasado martes el gobernador Osvaldo Jaldo lanzó al ser consultado por la media sanción de la Ley Bases en la Cámara de Diputados.
Si bien no dio detalles de ese “cumplir”, se conoció que la postura dialoguista del mandatario tucumano con el gobierno de Javier Milei y su apoyo a la norma impulsada por el presidente, rinde sus frutos a la provincia que logró el refinanciamiento de una deuda de $77.916 millones con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
A principios de la semana pasada, el propio Jaldo había adelantado la novedad que el último lunes de abril se hizo oficial a través del decreto 905/3, publicado en el Boletín Oficial de la provincia. “Financieramente tenemos que tomar todos los recaudos que sean necesarios. Primero porque tenemos que cumplir con nuestras obligaciones presupuestarias, mensual y anualmente presupuestarias en áreas vitales como salud, educación y seguridad”, explicó en su momento el mandatario.
Quien luego informó sobre la reciente refinanciación de una deuda de casi 90 mil millones de pesos con el Gobierno Nacional: “Nos produce de alguna manera un alivio porque esa deuda había que pagarla con una cuota de coparticipación mensual”. Según fuentes de la Casa de Gobierno, los beneficios de este acuerdo ya se evidenciaron en que no se dedujeron suma por intereses en abril y en mayo, un alivio que se mantendrá por otros 10 meses.
Los más de $77.916 millones que fueron incluidos en la asistencia financiera del Banco Nación para afrontar las obligaciones del Fondo Fiduciario se suman a otro “guiño” que había dado la gestión de Milei a Tucumán. Se trata del anticipo financiero por hasta $30.000 millones girado por el Estado nacional a partir del convenio suscripto el 20 de febrero de 2024.
Cabe mencionar que, según el decreto 463, publicado este jueves en el Boletín Oficial, estos recursos fueron destinados a impulsar “actividades que promuevan el empleo y la actividad económica”, y “la consolidación de la situación fiscal y financiera, permitiendo regularizar desequilibrios temporales de tesorería”.
