El 3 de mayo fue proclamado el Día Mundial de la Libertad de Prensa por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), junto a asociaciones nacionales de medios de comunicación de nueve países de América Latina y Europa, entre ellos la Argentina, suscribieron ayer en Santiago de Chile la Declaración de Santiago + 30, una exhortación a asumir “un esfuerzo de colaboración” que consolide “la libre expresión como un derecho humano fundamental y piedra angular de las sociedades democráticas e informadas”.
El libre ejercicio del periodismo demanda garantizar dos condiciones básicas: la protección de la libertad de expresión y el libre acceso a la información, pilares esenciales de la democracia. La prensa libre es una institución imprescindible que se ha destacado como el único instrumento eficaz para limitar los abusos del poder político y para procurar una deliberación pública fundamentada en los hechos. Sin prensa libre no hay sociedad democrática. Por eso la ola de populismo desatada en el mundo durante los últimos años encuentra un estorbo en el periodismo y en la libertad de expresión.
Es fácil para los autócratas presentar a la prensa independiente como adversaria, acusándola incluso de manipulación cuando nada hay más manipulador que el populismo. Las relaciones entre la prensa y los gobernantes suelen ser tensas, pues una misión del periodismo es vigilar que quienes ejercen el poder manejen correctamente los recursos públicos, respeten la institucionalidad y no abusen de sus facultades. Esa libertad de expresión se ha visto amenazada a lo largo de los años tanto por gobiernos militares como democráticos.
Basta recordar, por tan solo mencionar algunos casos, la parodia del juicio público contra periodistas llevado a cabo en la Plaza de Mayo en 2009 y los furibundos ataques a la prensa independiente desde el kirchnerismo. El expresidente Alberto Fernández tampoco dudó en atacar a periodistas y medios de comunicación, denunciando supuestos abusos desmedidos de la libertad de prensa. Tanto fue así que en su último discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso afirmó que su gobierno había soportado “una sistemática acción de desinformación” y que muchos de los medios que lo criticaron expresaban “intereses económicos y políticos opositores al Gobierno”.
Alejándose de su proclamada defensa de la libertad, el actual presidente Javier Milei también arremete contra la prensa, asimilándose a sus antecesores en lo que asoma como una peligrosa tendencia. Embiste con demasiada frecuencia contra los periodistas y se enfurece ante cualquier pregunta o análisis que esboce algún nivel de disenso frente a su programa económico. Víctimas de su inconformismo con los medios de comunicación han sido destacados periodistas, tales como Jorge Fernández Díaz, Joaquín Morales Solá, Jorge Lanata, María Laura Santillán y Jorge Fontevecchia, entre otros.
De igual gravedad han sido sus comentarios deseándole la quiebra a una empresa periodística por el simple hecho de que no le satisface su línea editorial. No menos cuestionables fueron sus expresiones cuando afirmó que “los periodistas se volvieron profetas de la verdad a los que no se puede cuestionar” y que “el periodismo se ha corrompido, ensuciado y prostituido al calor de los sobres y la pauta oficial”, indebidas generalizaciones frente a las cuales algunos de los afectados ya han confirmado que recurrirán a la Justicia. La Corte Suprema ha dicho que la libertad de expresión es, entre las libertades que la Constitución consagra, una de las que poseen mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan solo una democracia nominal. Una prensa activa, vigilante y crítica del ejercicio del poder político es la mejor garantía para impedir excesos o abusos.
