Tucumán podrá decir que no tiene nada que envidiarle a Estados Unidos, claro que en lo que a la brutalidad policial se refiere. Esta triste comparación quedó demostrada, una vez más, con el asesinato de Walter Ceferino Nadal, un supuesto ladrón al que no le hallaron la hipotética gorra que habría sustraído de un polirubro chino. Con su muerte, emuló a George Floyd, el hombre de raza negra al que mató la policía estadounidense.
¿Cómo es posible que un hecho como el ocurrido en la primera potencia mundial tenga repercusión internacional y lo sucedido en Tucumán ni siquiera amerite el comentario de ningún funcionario público? Se trata de un calco en lo que al accionar policial se refiere, pero en esta provincia no hubo reacción de ninguna autoridad. Salvo la del ministro de Seguridad, Claudio Maley, el James Bond del Tercer Mundo, porque cree que su Policía tiene “licencia para matar”.
El funcionario subrayó que los policías que intervinieron ante un hecho delictivo que lo requería. “La persona es reducida y tiene a posterior una descompensación”, expresó, al tiempo que aseguró que la Justicia determinará la causa de la muerte y evaluará la situación de los policías que participaron. No obstante, él ya se expidió sobre la causa y consideró que “la intervención policial fue correcta y oportuna”.
No conforme con ello, agregó que “de hecho hay técnicas de reducción de estándares internacionales que se aplican”. Con lo que, parece, que lo de apretar el cuello de alguien reducido hasta quitarle la respiración forma parte de una rutina habitual en el mundo. Pero lo más grave devino cuando justificó que el supuesto delincuente tenía antecedentes, condena y hasta problemas de adicción.
Desde el criterio de Maley, el mensaje es que tener prontuario habilita a que la Policía te pueda matar, por lo que indirectamente se habilita a que las fuerzas de seguridad maten a todos los delincuentes. Pero lo que más sorprende es que la mismísima secretaria de Derechos Humanos de la provincia Érica Brunotto, no haya emitido palabra alguna al respecto, condenando el abuso policial de las fuerzas de seguridad de Tucumán.
No sorprende la indiferencia de un gobernador como Juan Manzur que está ocupado en la tarea de enriquecer a la ministra de Gobierno y Justicia Carolina Vargas Aignasse, pagando contratos millonarios a su pareja, mediante contrataciones irregulares, la ministratampoco nada dijo, a pesar que su función lo amerita. Pero que esta vez ni siquiera haya existido un triste Tweet de parte de la representante de los Derechos Humanos tucumanos Erica Brunotto es el colmo. Al menos una publicación fría en redes sociales compartió cuando la Policía secuestró, asesinó e hizo desaparecer el cuerpo de Luis Espinoza.
Pero en el caso de Walter Ceferino Nadal, ni siquiera eso hubo. Y es que Tucumán emula siempre lo peor del presente estadounidense pero, también, lo más terrible de su propio pasado. ¿O quién no recordó la peor dictadura vivida en esta tierra con lo sucedido con Luis Espinoza? Al menos en los setenta los Derechos Humanos denunciaban los atropellos causados por el propio Estado, en el presente, su secretaria Érica Brunotto brinda un silencio ensordecedor.
De esta forma, pareciera encubrir al Estado con ese silencio cómplice, desde un ámbito que debería actuar en defensa de la vida de cada tucumano, sin importar historia o prontuario. Un Estado que endurece su accionar para matar pobres como Luis Espinoza o supuestos ladrones de gorras como Walter Ceferino Nadal. Pero que nada hace por la inseguridad que reina en Tucumán ante la ineficiencia de sus funcionarios, especialmente de Claudio Maley.
Como se viene denunciando desde Tucumán Despierta, los motochorros asesinan personas en Tucumán, y lo único que motoriza el ministro de Seguridad es una ley que fastidia más a trabajadores que utilizan este tipo de rodados, en lugar de frenar la delincuencia cuando ésta viaja en dos ruedas. La ineficiencia se paga caro, porque se lleva la vida de los tucumanos, cuyos impuestos altos no alcanzan para garantizar un mínimo de seguridad. Pero alimenta ministerios ineficientes como el que encabeza Claudio Maley, que contrata más y más policía que no son agentes de seguridad. Y finalmente, se trata de tributos que pagan el silencio de la secretaria de Derechos Humanos, que terminaría siendo cómplice del accionar abusivo del Estado tucumano.
