ROSARIO.– Los tiros atravesaron el salón que estaba repleto de comensales y una bala rompió el pico de una botella. Aquella noche del 21 de noviembre de 2021, solo de casualidad, no hubo una tragedia en el ataque a balazos al restaurante El Establo, en pleno centro de esta ciudad. Más de un año después de ese episodio, que nunca se terminó de esclarecer, los dueños de la parrilla recibieron una serie de llamadas desde la cárcel para advertirles que si no pagan 400.000 pesos deberán cerrar porque el lugar volverá a ser atacado.
Durante los últimos días las extorsiones en Rosario se multiplicaron de manera llamativa. Más de 15 desde el domingo. La policía sospecha que todas provienen del mismo lugar: la Unidad Penal Nº6, donde –de acuerdo a las investigaciones– un preso, que estaría ligado a la Banda de Los Monos, realizó las llamadas extorsivas entre el domingo a la tarde y el martes. Las recibieron los dueños de El Establo y de negocios de distintas zonas de la ciudad.
Además, el lunes a la noche hubo dos atentados contra sedes sindicales, que encendieron la preocupación. Ataques con bombas molotov y nafta, con el objetivo de provocar un estallido y un incendio.
El primer hecho ocurrió en Corrientes al 400, donde se encuentra la sede de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac). A las 20.46, dos jóvenes bajaron de un auto y se dirigieron al frente del local. Uno de ellos arrojó una botella de plástico de dos litros con nafta, y su acompañante encendió una mecha de tela dentro de una botella más pequeña. Cuando arrojó la molotov salieron corriendo y la explosión y el fuego sobrepasaron la vereda y llegaron hasta la calle. Nadie salió lesionado, a pesar de que a esa hora varias personas caminaban por la cuadra.
Los empleados del gremio controlaron las llamas con matafuegos hasta que llegaron los bomberos.
Es el segundo ataque que se produjo contra ese sindicato. En agosto de 2021, en plena campaña electoral en Santa Fe, el edificio del gremio fue blanco de un ataque a balazos que realizó un joven desde una moto. Este hecho nunca fue esclarecido a pesar de que el atacante quedó registrado por las cámaras y estaba con la cara descubierta. Los investigadores nunca tuvieron demasiada ayuda de parte del sindicato para resolver el caso, según apuntaron fuentes policiales.
“No hay ninguna razón (para el ataque). Esto es una locura, todos conocen lo que es el sindicato, el tránsito de gente que tiene, tenemos, con excepción de enero, un promedio de nueve mil personas todos los días en todos los servicios”, indicó Silvana Crocci, prosecretaria general de Empleados de Comercio, quien aclaró: “No hemos recibido ninguna amenaza, es sinceramente incomprensible”.
Unos minutos después se produjo otro atentado incendiario, con la misma metodología y el mismo tipo de explosivos. Esta vez, contra la sede del sindicato de Recibidores de Granos, ubicada en San Lorenzo al 2000, también en pleno centro de la ciudad. Según los vecinos, dos hombres bajaron de un auto y lanzaron nafta y una bomba molotov.
Fuentes de la investigación señalaron que la hipótesis que se maneja es que los dos hechos violentos están relacionados y fueron llevados adelante por los mismos autores.
La hipótesis de la policía es que se trataría de intento de extorsiones a las entidades gremiales. Sin embargo, desde el sindicato de Comercio negaron haber recibido intimidaciones previas.
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Las extorsiones incluyeron episodios sorprendentes. A una pareja de policías que tiene un almacén en Pueyrredón al 6000 le exigieron el pago de 50.000 pesos por semana. Cuando Carina, la dueña, dijo que no tenía efectivo, el extorsionador le pasó el número de un CBU para que hiciera el depósito, algo que la dueña hizo para evitar que le baleen el local. En los audios que aportó a la Justicia constan las amenazas. “O nos conseguís la plata ahora o vamos esta noche y te cueteamos la casa”, le decían a Carina.
Durante la tarde de este martes, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaba una serie de allanamientos en la Unidad Penal Nº6, donde se habría montado una especie de central de extorsiones, y en otros domicilios ligados a bandas criminales.
Los efectivos de la AIC realizaron también un allanamiento en una casa en la llamada Zona Cero, en el norte de Rosario, donde el clan Romero –involucrado en el crimen del chofer del gremio de UATRE Mauricio Cordara– había desalojado a una familia que no pagó una extorsión y montó un búnker de venta de drogas.
Los uniformados detuvieron a tres miembros de esta banda que es liderada desde la cárcel de Piñero por Hernán Vallejos, alias Lichi. Su padre, Ramón, está detenido por transitar con un Fiat Palio color rojo, que se usó para matar al dirigente de Uatre en Colón, provincia de Buenos Aires, el 18 de noviembre pasado.
El sicario que ejecutó el crimen, según la investigación, mató por error a Cordara. El blanco del atentado era el exdiputado nacional Pablo Ansaloni.
