Una monja fue rescatada del convento San Bernardo, de la capital salteña, en el marco de un allanamiento ordenado por la justicia provincial ante una denuncia por privación ilegítima de la libertad, luego de que la religiosa manifestara a sus familiares que quería abandonar el lugar y que las autoridades le negaban esa posibilidad.
El fiscal penal número 2, Ramiro Ramos Ossorio, fue quien tomó intervención ante esta denuncia contra las autoridades del convento San Bernardo y solicitó la orden de allanamiento, según informaron fuentes del Ministerio Público provincial.
Las actuaciones comenzaron a partir de que una monja les expresó a sus familiares, oriundos de la provincia de Mendoza, que quería abandonar el convento, pero que se le negaba la posibilidad.
Según consta en las actuaciones, a inicios del mes de diciembre y en un primer acercamiento, las autoridades religiosas manifestaron que debían disponer de la autorización proveniente del Vaticano.
No obstante, cuando esta documentación estuvo disponible, le negaron la posibilidad de retirarse.
Los voceros comentaron que fueron “infructuosas” todas las iniciativas en la búsqueda de un acuerdo, al punto en el que desde esa institución se llegó a prohibir directamente el contacto con los familiares de la mujer.
La Fiscalia Penal Nº2, a cargo del Dr. Ramiro Ramos Ossorio, recibió una denuncia que hablaba de una privación ilegítima de la libertad en el convento San Bernardo. Con orden de allanamiento, se ingresó al predio y la mujer damnificada fue retirada del lugar.
Al principio, las autoridades religiosas manifestaron que debían disponer de la autorización proveniente del Vaticano, sin embargo cuando esta documentación llegó a sus manos, le negaron la posibilidad de retirarse, al punto que desde esa institución se llegó a prohibir directamente el contacto con los familiares de la mujer.
Esta actitud hizo que la Fiscalía ordenara a la Policía que se entrevistara con las autoridades del Convento, como última oportunidad, pero no fueron recibidos. Entonces el fiscal Ramos Ossorio solicitó al Juzgado de Garantías en turno una orden de allanamiento para el predio. Con la intervención de la fuerza pública y la colaboración de Bomberos se logró ingresar al edificio sin forzar el acceso.
Ya en el interior, entrevistaron a la mujer damnificada, quien ratificó su intención de retirarse del lugar, por lo que fue trasladada a un lugar seguro.
El Fiscal explicó que las actuaciones continúan su trámite y que dispuso el cumplimiento de numerosas medidas tendientes al esclarecimiento del hecho denunciado.
