Antes de que terminara el 2020 advertimos desde este medio que existían grandes posibilidades de que en Argentina y, sobre todo, en Tucumán se volvieran a aplicar las viejas restricciones que se implementaron a mediados de marzo. Por entonces, funcionaros locales y nacionales lo desmentían e incluso la enorme mayoría de los medios de comunicación directamente ni se molestaban en tocar este polémico tema.
Sin embargo, bastaron unas cuantas fiestas clandestinas junto con la viralización de imágenes de playas desbordadas de jóvenes para que se blanqueara la situación. Mientras ayer el propio presidente Alberto Fernández dijo de que existe la posibilidad de dar marcha atrás con la libre circulación, en las últimas horas algunas provincias directamente avanzaron en pos de nuevas restricciones, como es el caso de Chaco y La Pampa.
Y como no puede ser de otra manera y fiel a su estilo de adulador serial, el gobernador de Tucumán, se envalentonó ayer durante el lanzamiento del Operativo Verano Seguro en Tafí del Valle y está decidido a aplicar mano dura. Desatado, el gobernador calificó como un atentado a la salud a todas las aglomeraciones que tienen lugar aquí en los bares. Es decir que trató de terroristas de la sanidad a quienes concurren a los establecimientos gastronómicos.
Como si esto fuera poco, interpeló a los dueños de los locales para que hagan cumplir las normativas sanitarias y fue así que se sacó definitivamente la careta y señaló que se evalúan nuevas restricciones. De hecho, hoy será un día clave porque se reúne el Comité Operativo de Emergencia (COE) y se especula con que se podría implementar un toque de queda sanitario a lo largo y a lo ancho del territorio provincial.
Esto significa que podría volver a limitarse la circulación de personas desde la noche hasta la mañana del día siguiente, es decir, durante toda la madrugada. De más está decir que esto sería un impresionante golpe para los empresarios y los trabajadores de los locales gastronómicos en particular, pero que también afectaría en general a toda la industria del turismo. Justamente, se trata de dos de los sectores más golpeados por la pandemia y la cuarentena.
En su intento de quedar bien con Alberto Fernández, el gobernador está decidido hacer que la sociedad tucumana cumpla las normas y para ello podría recurrir a miles de efectivos de la Policía. Cabe preguntarse entonces si el gobernador está dispuesto a mandar a reprimir a la población, si ésta decidiera buscar un lugar de esparcimiento para distenderse un poco luego de un año en el que permaneció encerrada varios meses por culpa de políticas sanitarias deficientes.
En ese marco, hasta el ineficiente y mediocre ministro de Seguridad, Claudio Maley, prometió que será inflexible con los controles. ¿Acaso esa advertencia es una amenaza indirecta para todo aquel que intente circular libremente? De esta manera, a la pandemia del coronavirus se le suma la igualmente peligrosa pandemia del autoritarismo de parte de un gobierno provincial que estaría dispuesto a reprimir a su propia población con tal de imponer su voluntad.
