La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) anunció que, a partir de este viernes, comenzará a prestar servicios bajo una “modalidad de emergencia” en el ámbito de San Miguel de Tucumán.
La medida implica, por un lado, la reducción en los recorridos de cada una de las líneas urbanas; y, por otro, la suspensión de choferes en la proporción en que se recorten las frecuencias.
En la entidad empresaria explicaron que, debido al período de receso escolar, los ómnibus ya funcionan con una disminución del 30% en los servicios. Sin embargo, a partir de las 0 de mañana, la reducción de los recorridos se extenderá hasta un 60% o 70%.
En principio, en Aetat detallaron que dependerá de la frecuencia con la que circulen habitualmente los coches de cada línea, y no habrá un efecto «uniforme» en los servicios. Pero lo cierto es que los usuarios deberán soportar un mayor tiempo de espera del previsto.
Los empresarios, en cambio, no modificarán los horarios de inicio (a partir de las 5.15 las unidades comienzan a estar operativas) y de finalización de los recorridos (a las 0.30 los colectivos ya deben haber ingresado a los galpones).
Según el anuncio de Aetat, el recorte en las frecuencias se llevará adelante por ahora sólo en la Capital (es decir, de la línea 1 a la 19), a partir de este viernes y por tiempo indeterminado.
Sin embargo, en caso de persistir la situación de crisis y de no alcanzar un acuerdo con organismos nacionales, provinciales y municipales que permita superar este escenario, los empresarios anticiparon que extenderán la medida a toda la provincia.
Tras el anuncio de Aetat, se reunieron directivos de las empresas con representantes de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), que lidera César González.
Mientras tanto, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán anticipó que aplicará sanciones a las empresas de ómnibus que disminuyan los servicios.
“Llama poderosamente la atención esta medida anunciada para el día viernes a partir de las 0 horas con reducción de la frecuencia, algo que nosotros no permitimos, no avalamos. Porque esto está estipulado en la Ordenanza 400/79, que en sus artículos 16, 22 y 51 habla que no se puede permitir una situación de esta naturaleza, salvo que haya conocimiento por parte del poder concedente, en este caso el Departamento Ejecutivo municipal, o por razones de gravedad extrema o de fuerza mayor que no es el caso”, precisó el secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Benjamín Nieva.
El funcionario detalló que, por orden de la intendenta Rossana Chahla, se van a realizar «exhaustivamente los controles correspondientes», y en caso de constatarse una reducción en los recorridos, se aplicarán las sanciones previstas en la normativa. «Pueden ser multas desde 2.000 a 100.000 boletos», recalcó. Como el boleto mínimo está fijado en $230, las penalizaciones pueden alcanzar los $23 millones.
“Es preocupante que se tome esta decisión unilateralmente por parte de los empresarios propietarios de estas 14 líneas que prestan el servicio en San Miguel de Tucumán. Nos parece inoportuno porque el criterio de la señora intendenta es la apertura al diálogo cosa que ya lo hicimos nosotros y lo venimos demostrando en cuanta audiencia se nos pide”, destacó el titular de Movilidad Urbana Municipal.
